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CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 18, 2011.-La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 8/2011 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por un caso de detención ilegal y arbitraria, así como de tortura contra tres jóvenes.
Señaló que personal de la Procuraduría capitalina violó los derechos a la libertad y seguridad personales, por detención ilegal y arbitraria, así como a la integridad personal por tortura. Además faltó a su obligación de dar la debida diligencia en la investigación y sancionar a los responsables de los actos de tortura.
Los jóvenes Yasser Serna Flores, Sinhué Peralta Gómez y Oscar Barrera Reyes fueron detenidos con violencia física y verbal por seis policías judiciales del Distrito Federal.
En reiteradas ocasiones les solicitaron cantidades de dinero para que cesaran las agresiones cometidas de forma reiterada en su agravio, desde el momento de la detención y hasta su puesta a disposición ante el Ministerio Público, lo que ocurrió con varias horas de diferencia.
Cuando quedaron a disposición del Ministerio Público, éste acordó su detención bajo el supuesto de caso urgente y fueron trasladados a la instalaciones de la Procuraduría capitalina, en específico a la Fiscalía Central de Investigación para Robo de Vehículos y Transporte.
Luego fueron consignados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, sujetos a proceso penal ante el juez 25 de lo Penal, quien finalmente decretó la libertad por lo que respecta a Barrera Reyes, resultado del incidente de libertad de desvanecimiento de datos que promovió.
En los casos de Serna Flores y Peralta Gómez se emitió una sentencia absolutoria por falta de elementos probatorios para acreditar la responsabilidad penal; por permanecer privados de su libertad durante ocho meses se afectó su proyecto de vida, lo que amerita la reparación de daños, abundó la Comisión de Derechos
Humanos capitalina.
De los seis policías de Investigación Ministerial que intervinieron en la detención arbitraria, dos enfrentan actualmente procesos por los delitos de privación ilegal de la libertad y extorsión, por casos diferentes al que dio lugar a la presente recomendación, lo que supone ya un modus operandi y no un hecho aislado de los servidores públicos.
A pesar de que la PGJDF ha contado con tiempo y pruebas suficientes para investigar, procesar y sancionar a los policías ministeriales responsables, no lo ha hecho, lo cual genera impunidad y envía un mensaje de permisividad hacia éstos y el resto de sus elementos, señaló el organismo en su resolución.
El organismo añadió que dicho personal incumplió con su obligación de reparar a las personas agraviadas, como garantía de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
En este caso, la CDHDF concluyó que por motivos de actos irregulares y violatorios de los Derechos Humanos en los que además se evidenció corrupción policial, los tres jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria y sin motivo, fueron torturados por servidores públicos y se les fabricaron delitos.
Además de que a pesar de existir un Acuerdo de Conciliación firmado por las personas afectadas y la PGJDF, que se comprometió a investigar, sancionar y reparar el daño ocasionado a los agraviados, la autoridad no cumplió con lo originalmente acordado.
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