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CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 20, 2013.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está preocupada por los amparos que están llegando al poder judicial federal, presentados por delincuentes sentenciados que solicitan que se les revoquen sus sentencias por presuntas violaciones a sus derechos.
A partir del 23 de enero, cuando los ministros ordenaron la inmediata y absoluta libertad de la francesa Florence Cassez, la Primera Sala de la Suprema Corte ha amparado a 10 sentenciados bajo el argumento de que se violaron sus derechos en el proceso judicial que enfrentaron.
A los quejosos se les revocó la sentencia en su contra y sus expedientes regresaron a tribunales federales.
Ante este escenario de solicitudes de amparo, este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte aseguró que el otorgamiento de amparos se apegará a derecho y no será de forma masiva.
Y es que por unanimidad de votos, la Primera Sala desechó, es decir, no entró al estudio de fondo del amparo que solicitó Leobardo Segundo Téllez, quien pertenecía a una banda de extorsionadores vinculada a un grupo de la delincuencia organizada, que opera en Michoacán.
El 25 de enero de 2012, el ministerio público de Zitácuaro, Michoacán, consignó a Leobardo Segundo junto con otros tres integrantes de esa de banda de extorsionadores.
Fueron reconocidos por 10 de sus víctimas.
El 30 de marzo de 2012, fue sentenciado por el delito de extorsión a tres años y cuatro meses de prisión.
Este miércoles, a propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero, la Primera Sala decidió no revisar su caso por "no reunir los requisitos legales de procedencia", y es que en su demanda de amparo "no impugnó la constitucionalidad de alguna ley, tratado u reglamento", como se debe hacer en los amparos directos en revisión.
En esta sesión, la Corte también revisó otros cinco amparos en materia penal, negó dos y tres fueron desechados.
CPS
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