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CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 28, 2012.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el caso de una mujer militar acusada de los delitos de corrupción de menores y abuso sexual.
Se trata de la sargento Silvia Hernández, quien se desempeñaba como educadora del área preescolar en un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en el Distrito Federal.
Las madres de los menores denunciaron que la sargento obligaba a sus hijos a hacer del baño enfrente de sus compañeras.
Un juez militar le dictó auto de formal prisión, sin embargo, la defensa de la sargento solicitó que sea un juez civil quien la sentencie, y es que los delitos de abuso sexual y corrupción de menores se castigan de manera más severa en el Código de Justicia Militar.
En el fuero militar, esos delitos se castigan con una pena que va de 10 a 25 años de prisión, mientras que en el fuero civil, el castigo va de 6 a 13 años de cárcel.
La defensa de la sargento busca que la Suprema Corte ordene su inmediata liberación, porque supuestamente hubo irregularidades en el proceso que se siguió en su contra.
Este martes, los ministros dieron el primer paso para que la sargento sea sentenciada por un tribunal federal.
Por mayoría de votos, 7 a favor y 4 en contra, determinaron que el juez que reviso su caso cometió errores, pero que estos no son tan graves como para dejarla en libertad ni para que se repita el proceso en su contra.
El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que "hay que corregir la sentencia... recordemos que la señora está privada de su libertad y que alargar estos procesos indefinidamente corre en su prejuicio".
Este jueves, el pleno de la Suprema Corte definirá si se mantiene el auto de formal prisión en contra de la sargento y, de ser así, definirá si será sentencia por un juez civil o por un tribunal militar.
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