Otorgan suspensión a jueces de caso Frayre

Una juez federal otorga una suspensión a dos de los tres jueces que absolvieron a Sergio Barraza del asesinato de Rubí Frayre para que no sean juzgados por el Congreso local

CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 25, 2011.-Una juez federal otorgó una suspensión a los jueces que absolvieron a Sergio Barraza del asesinato de Rubí Frayre, para que el Congreso del estado no pueda llevar a cabo el juicio político que se les instruye, en tanto no se resuelva la constitucionalidad del mismo.

La juez Tercero de Distrito en esa entidad, Alma Delia Delgado Ramírez otorgó la suspensión definitiva a los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, en tanto que a Catalina Ochoa Contreras se le concedió la suspensión provisional, lo que no impide que el Congreso local continúe con el juicio político.

En su resolución, la juez federal indicó que las suspensiones se otorgaron para el efecto de que "sin paralizar el procedimiento instruido en contra de los quejosos" en el juicio político que reclaman, los legisladores se abstengan de dictar la resolución respectiva hasta que el juicio de amparo se resuelva en definitiva.

En el caso de Catalina Ochoa, se otorgó una suspensión provisional que fijaba como fecha de audiencia el 24 de febrero de este año, debido sólo a un retraso en el trámite de juicio de amparo, ya que Alma Delia Delgado se había declarado impedida para conocer del juicio bajo el argumento de que tenía una relación de amistad con la
quejosa.

No obstante un tribunal federal determinó que no existía causa de impedimento para que la juez de Distrito conociera del caso, y apuntaron que la convivencia de ambas juezas durante una maestría no implica una amistad estrecha, y es usual que servidores públicos establezcan una relación cordial y vínculos afectuosos en estos cursos.

A los jueces de Chihuahua se les inició juicio político luego de absolvieron a Sergio Barraza del homicidio de Rubí Frayre, condenado en una segunda instancia, aunque ya se encontraba prófugo. Ello originó que Marisela Escobedo, madre de la joven, exigiera a las autoridades su recaptura hasta el 16 de diciembre de 2010, fecha en que fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de la entidad.