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BUENOS AIRES, Argentina, dic. 7, 2012.- El gobierno argentino apeló ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de un tribunal que benefició al Grupo Clarín al extender la medida cautelar que evita que el multimedios tenga que desinvertir en el mercado audiovisual.
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal prorrogó el jueves una medida cautelar conseguida tiempo atrás por Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina, que había suspendido la aplicación de dos artículos de la ley de medios de 2009 que lo obligaban a desprenderse de licencias de señales audiovisuales para reducir su tamaño.
En un duro ataque a la decisión judicial, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo que "terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal", aludiendo así a Clarín en sus declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam.
En tanto, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, calificó como "una mafia" a los jueces que integran la Cámara en lo Civil y Comercial y tildó de "bochorno" el fallo en entrevista con radio La Red.
La Cámara prorrogó la medida cautelar hasta que haya sentencia definitiva sobre la supuesta inconstitucionalidad de los dos artículos que rechaza Clarín, cuestión que desde hace unos días está siendo analizada por el juez de primera instancia Horacio Alfonso.
En su presentación ante la Corte Suprema, el Ejecutivo pidió la suspensión inmediata de lo resuelto por la Cámara y la posterior declaración de nulidad de la prórroga de la cautelar.
El gobierno interpuso un "recurso extraordinario por salto de instancia" invocando la modificación del artículo 257 del Código Procesal, que estableció el "per saltum" como instancia para acelerar los tiempos de resolución de una medida, indicaron medios de prensa.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández había establecido la medianoche del viernes 7 de diciembre como último plazo para que Clarín y todas las empresas periodísticas que se excedan en licencias de señales audiovisuales, según los límites establecidos por la ley de medios, presentaran un plan para desprenderse de esas inversiones.
Límite de licencias
Una veintena de grupos están excedidos en el límite de licencias y todos con excepción de Clarín han expresado su voluntad de desinvertir.
La Corte Suprema estableció meses atrás que el 7 de diciembre vencía el plazo de vigencia de la medida cautelar, aunque no cerró las puertas a que pudiera ser extendida.
Por otro lado, el alto tribunal instó días atrás al juez de primera instancia a que se pronuncie cuanto antes sobre la "cuestión de fondo", es decir, la supuesta inconstitucionalidad de los dos artículos.
Clarín sostiene que la verdadera intención de la ley de medios es desguazar al grupo, atentar contra la libertad de prensa y alentar la creación de un bloque de medios obsecuentes con el gobierno.
Fernández no hizo declaraciones sobre el adverso fallo judicial. La presidenta se encuentra en Brasilia, participando de la Cumbre de Mercosur.
Presión en la convocatoria
Por otro lado, siguen en pie los planes del gobierno de realizar el domingo un festival musical al que se había convocado originalmente para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, así como los cinco años en el poder de la presidenta.
En los últimos días la convocatoria ha tomado los tintes de una manifestación progubernamental y de rechazo a Clarín.
"El 9 de diciembre en las plazas de todo país vamos a festejar con alegría... mientras los sectores corporativos de la justicia le ponen la firma ?statu quo? de la corporación mediática", afirmó Abal Medina.
Los opositores políticos respaldaron, por el contrario, el fallo que prorrogó la cautelar de Clarín al señalar que pone un "limite" a Fernández.
El ministro de Justicia, Julio Alak, había advertido días atrás que si la Cámara decidía extender la medida cautelar iba a generar un "conflicto de poderes" por "alzarse contra" una ley de la Nación, en referencia a la norma impulsada por el gobierno con la que, según ha dicho, pretende desconcentrar el mercado audiovisual y defender la pluralidad de voces.
El Ejecutivo intentó apartar sin éxito a los magistrados de ese tribunal, que finalmente han fallado a favor de Clarín.
Las declaraciones de Alak generaron una reacción en contra de las principales asociaciones de magistrados, que exhortaron al gobierno a que evite "el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia".
Los periodistas argentinos Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro y otros reporteros criticaron las acciones del Ejecutivo contra un sector de la prensa que no le es afín en una reunión que mantuvieron en el Congreso con los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa que se encontraban en el país para evaluar la situación.
Los comunicadores plantearon que el problema excede al conflicto entre el gobierno y Clarín y señalaron que están en juego libertades esenciales y el respeto a las instituciones en Argentina.
"Se ha suplantado el término de adversario por el de enemigo", dijo Ruiz Guiñazú, quien trabaja en Radio Continental y el diario
Perfil, tras pedir que el gobierno respete las decisiones judiciales.
Según Castro, "el panorama es dificilísimo para el ejercicio del periodismo porque se está utilizando el estado para intimidar. Y sin periodismo, lo que peligra es la república".
La delegación de la SIP dijo en sus conclusiones preliminares que "continúa habiendo graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo en el país".
"La misión observó que en Argentina la crítica no está criminalizada penalmente, pero el gobierno se ocupa de desacreditarla socialmente desde el poder, mediante el hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos, algunos de los cuales son mencionados explícitamente por la presidenta de la Nación en cadenas de radio y televisión", dijo la SIP en un comunicado emitido en Buenos Aires y distribuido por correo electrónico.
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