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LA PAZ, Bolivia, dic. 28, 2010.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que mantendrá la subida en el coste de los combustibles, tras el fracaso de la huelga de los chóferes que pedía su anulación, mientras la Central Obrera Boliviana ha convocado para esta semana a una "movilización permanente".
En un discurso pronunciado en el pueblo andino de Puerto Acosta, Morales aseguró hoy que el aumento no puede ser llamado "gasolinazo", como dicen varios sectores, sino que se trata de una "nivelación" del precio de los combustibles en Bolivia respecto a los países vecinos, donde continúa siendo un poco más alto.
Morales también rechazó que la medida se deba al "fracaso" de su política económica y de la nacionalización petrolera decretada hace cuatro años, tal como han criticado opositores y analistas.
"Algunos opositores dicen que la política (económica) de Evo Morales ha fracasado y por eso está subiendo el combustible. No. Lo estamos haciendo para que la gasolina no se vaya afuera", sostuvo.
Dijo que se vio "obligado" a tomar la decisión porque cada año su país pierde 150 millones de dólares por contrabando de carburantes hacia Argentina, Brasil y Perú, pero además porque su bajo coste era un desincentivo para la producción de combustibles líquidos.
Desde hace siete años, el precio del barril de petróleo tenía un costo en Bolivia de 27 dólares, menos de un tercio del actual valor internacional, pero el Gobierno también decidió subir el coste a 59 dólares, informó hoy la Cámara de Hidrocarburos.
El precio de los principales combustibles subió entre un 57 y un 82%, lo que derivó en que los transportistas apliquen por su cuenta una subida de tarifas de entre 50 y 100%, mientras que la Autoridad de Transportes autorizó sólo un 30% de aumento.
Los sindicatos de chóferes abandonaron hoy la huelga general e indefinida que habían iniciado el lunes, pero una asamblea de su confederación determinó hacer un nuevo llamado a un paro para el jueves, en apoyo a las juntas vecinales que se movilizarán ese día.
Además resolvieron desconocer las decisiones de las autoridades sobre el nuevo coste de sus tarifas.
Otra asamblea convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) decidió llamar a sus afiliados a una "movilización permanente" esta semana para rechazar el decreto, pero aún no determinaron qué día protagonizarán su principal movilización.
El secretario ejecutivo de la COB, el minero Pedro Montes, dijo que "todas las medidas de lucha están abiertas para que las apliquen las organizaciones sociales", entre ellas las "huelgas escalonadas".
Montes sostuvo que los sindicatos exigen que Morales derogue el decreto, pero al mismo tiempo aceptarán invitaciones a dialogar para pedirle en persona que revise su medida.
"Si bien es cierto que el gobierno nos escucha, tiene que hacer una abrogación de ese maldito decreto criminal que va directo a matar de hambre a los que no tienen fuentes de trabajo", declaró
Montes, antes de la asamblea.
Entre las críticas a la política económica de Morales está la del analista Gonzalo Chávez, quien, en declaraciones, señaló que "hay hambruna fiscal" que el gobierno pretende cubrir con una subida de precios que no tiene una justificación "sólida".
"Es una medida rara para quien se dice que está haciendo un proceso de cambio, porque es tremendamente neoliberal, es la típica cosa que recomendaría el Fondo Monetario Internacional", apuntó.
El político de izquierda Juan Del Granado, jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), ex aliado del oficialismo, dijo el lunes que el "hipergasolinazo" es la "expresión de la incapacidad gubernamental para frenar el contrabando" y es resultado de la "improvisación" del Ejecutivo en el manejo de los hidrocarburos.
En rechazo al "gasolinazo", estos días hubo algunas movilizaciones callejeras y bloqueos de vías en La Paz, la vecina El Alto y Oruro, aunque sin mayores consecuencias, además de protestas de amas de casa por la subida en el coste de los alimentos.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, del MSM, convocó a las juntas vecinales a marchar el jueves para pedir la derogación del decreto.
Y, en medio de airados reclamos, los ciudadanos comenzaron a pagar los incrementos aplicados al transporte y los alimentos, lo que hace temer una alta inflación para fin de año.
La inflación acumulada se situó a fines de noviembre en 5,32%, superando la meta anual oficial del 4,5%.
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