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CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 8, 2011.- A partir de mañana, todos los edificios públicos ubicados en el distrito federal, ya sean del ámbito local o federal, tendrán la obligación de instalar el sistema de alerta sísmica.
Además, se establece el marco jurídico para que la alarma sísmica pueda trasmitirse a través de telefonía celular y las redes sociales.
También, se tipifica como delito que los funcionarios o servidores públicos que permitan o toleren asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, como minas, laderas, cañadas y grietas y serán castigados penalmente.
Podrían alcanzar una pena de hasta 7 años de prisión.
Este viernes, el gobierno capitalino publica en la Gaceta Oficial el decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
Este nuevo ordenamiento privilegia la prevención cuyo objetivo es evitar o reducir los efectos del impacto de fenómenos naturales, emergencia, siniestro o desastre.
Esta nueva ley también obligara a los dueños de edificios que están a punto de derrumbarse a demolerlos.
Asimismo, se busca reducir por ejemplo, los cortos circuitos en las llamadas "mufas" o registros de energía eléctrica, con la creación del comité de usuarios del subsuelo.
Este comité supervisara y dictaminara que las empresas proveedoras de luz, agua, teléfono con instalaciones subterráneas en la ciudad, cumplan con las normas de seguridad.
La nueva ley otorga acciones como la prevención, la elaboración del atlas de riesgo, elevar a rango de ley instrumentos vitales como el plan permanente ante contingencias a nivel local y delegacional.
La participación en el Sistema de Protección Civil, de los medios de comunicación masiva, electrónicos y escritos, se realizará por invitación del titular del sistema, en el marco de la legislación vigente.
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