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CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 14, 2012.-El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ontiveros Alonso, instó a la próxima legislatura del Congreso de la Unión a debatir la iniciativa presidencial para castigar a las personas morales que participen en el delito de trata de personas.
"Es indispensable debatir aquí en el Congreso la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también conocidas como morales porque, fíjense ustedes, mientras una persona que se roba en un Superama dos jabones y por ello es detenida después de salir del súper y se le imputa un robo agravado por ser lugar cerrado en un comercio y no tiene derecho a la libertad, y tiene todo el poder y el impulso del derecho penal en su contra, en México cuando una empresa, una trasnacional es cómplice o es utilizada para cometer el delito, en este caso de trata de personas o de traslado de las víctimas de trata de un país al otro continente, y luego los recursos lavarlos para fortalecer el crimen organizado, eso en México es materia administrativa y no es penal", explicó el subprocurador Ontiveros Alonso.
Al participar en la Tercera Reunión de Planeación del Consejo "Unidos contra la Trata de Personas", en la Cámara de Diputados, el subprocurador Miguel Ontiveros Alonso recordó que en México existe el principio jurídico de que las personas morales o las empresas no delinquen.
Por lo que el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa para sancionar penalmente a las personas jurídicas.
"Es un principio brutalmente dañino para todos nosotros porque en España, por ejemplo, o en Francia, o más cercano a nosotros, en Chile, sí que se les lleva a juicio a las personas jurídicas que participan en la comisión de delitos como este?, señaló el subprocurador.
En esta tercera reunión de trabajo, la presidenta de la Comisión Especial de la Lucha Contra la Trata de Personas, la diputada panista Rosi Orozo informó que el próximo 3 de septiembre se lanzará en internet la página "Unidos hacemos la Diferencia", que busca coordinar acciones de los diferentes niveles de gobierno para combatir este delito.
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