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CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 5, 2011.- Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que se discuten en la Cámara de Diputados resultan indispensables para afianzar el sistema de protección a los Derechos Humanos, subrayó la Secretaría de Gobernación (Segob).
La dependencia señaló que la discusión de este tema merece la mejor voluntad política de actores sociales y fuerzas políticas, a fin de alcanzar acuerdos que al tiempo que regulen la atribución del Ejecutivo federal en materia de seguridad nacional limiten la actuación de la autoridad en afectaciones de este tipo.
En un comunicado, destacó que al establecer reglas claras en materia de seguridad nacional se fijan límites a la actuación de la autoridad, lo cual impacta favorablemente en el sistema de protección de las garantías individuales.
Esto conforme al principio de legalidad previsto en la Constitución, que establece que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual están autorizados conforme a la ley.
En sus consideraciones, la Segob resaltó que las medidas que se proponen incluyen publicar la declaratoria de afectación a la seguridad interior en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos locales.
Además comunicar el proyecto a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y de informar de la declaratoria a los organismos protectores de derechos humanos.
"Estas medidas sirven para limitar el ejercicio de la atribución constitucional prevista en favor del Presidente de la República y a regular el derecho de las entidades a solicitar el auxilio federal en caso de afectaciones a su seguridad interna", subrayó.
La Segob añadió que dichas medidas permitirán también establecer reglas para la actuación de las instancias involucradas en una afectación, incluyendo, en su caso, a la fuerza armada permanente.
Además se podría dotar a las organizaciones sociales y a los ciudadanos de certeza sobre los alcances materiales, temporales y geográficos de la intervención.
En opinión de la Segob, la importancia de reformar la Ley de Seguridad Nacional para acotar el ejercicio de estas funciones hace indispensable que los partidos en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales participen con la mejor voluntad política.
Ello con el objetivo de alcanzar los acuerdos que en esta materia requiere el país, a fin de se establezcan límites a la autoridad y se fortalezcan los derechos humanos en afectaciones a la seguridad nacional.
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