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MONTEVIDEO, Uruguay, oct. 17, 2012.- El pleno del Senado de Uruguay aprobó este miércoles la despenalización del aborto, decisión que modifica la ley vigente desde 1938 y que establece un mecanismo por el cual se deberán regir las mujeres que quieran interrumpir su embarazo.
La ley despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.
La votación se resolvió con 17 votos a favor y 14 en contra en el Parlamento y se espera que en los próximos días la ley sea promulgada por el presidente José Mujica, que ya indicó en reiteradas ocasiones que no vetará la iniciativa, como sí hizo su antecesor, Tabaré Vázquez, en 2008.
El proyecto obtuvo todos los votos de la bancada de senadores del oficialista Frente Amplio (FA) y uno del legislador del Partido Nacional Jorge Saravia, mientras que votaron en contra los representantes del Partido Colorado y el resto de los senadores nacionalistas.
La legislación uruguaya establecía una pena de tres a nueve meses de prisión a las mujeres que se practicaran un aborto, mientras que quien realizaba el procedimiento arriesgaba entre seis y 24 meses de cárcel.
Según medios de prensa locales, cada año se realizan en este país sudamericano unos 30 mil abortos ilegales, aunque esa cifra podría ser mayor según Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
La iniciativa despenaliza el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, aunque obliga a las mujeres a comparecer ante una comisión integrada por tres médicos y asistentes sociales con el objetivo que le expliquen los alcances de su decisión.
El mecanismo establece que la mujer debe acudir a consulta con un ginecólogo de una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a quien le explicará las razones que tiene para interrumpir el embarazo.
Luego deberá presentarte ante la citada comisión interdisciplinaria y tendrá cinco días de "reflexión", tras los cuales la mujer debe comunicar su decisión respecto a practicarse un aborto.
La comisión está obligada a comunicarle las alternativas al aborto, como su ingreso a programas de apoyo social y económico y la posibilidad de dar su hijo en adopción.
La legislación precisa que el aborto se puede concretar con la sola voluntad de la mujer, sin que el padre pueda participar de la decisión, aunque ella puede autorizar al hombre a participar del proceso aunque sin forzar a ella a una decisión.
Respecto a las mujeres menores de edad, éstas no están habilitadas a abortar, salvo que el médico ginecólogo cuente con el consentimiento de los padres o encargados legales o un juez competente resuelva que se realice el procedimiento.
Técnicamente, el proyecto aprobado no legaliza el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos.
En los otros países latinoamericanos hay distintas causales para permitirlo como el riesgo de vida para la madre, la malformación fetal o el hecho de que el embarazo sea fruto de una violación.
Con información de Notimex y EFE
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