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WASHINGTON, Estados Unidos, sep. 28, 2011.- Una juez distrital autorizó este miércoles la aplicación parcial de la polémica ley antiinmigrante de Alabama, considerada por algunos como la más estricta de Estados Unidos, pero mantuvo el bloqueo a disposiciones que se contraponen a la ley federal.
La magistrada de Alabama Sharon Lovelace Blackburn permitió que las escuelas comprueben el estatus migratorio de estudiantes y que la policía verifique el estatus de un detenido cuando exista 'sospecha razonable' de que se encuentra de forma ilegal en Estados Unidos.
Asimismo mantuvo la sección de la ley que nulifica los contratos realizados entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes indocumentados, salvo en casos de renta de un cuarto de hotel por una noche, compra de comida, servicio médico o transporte para regresar a su país.
La juez sostuvo que la determinación de la situación migratoria de personas detenidas debe ser hecha en consulta con las autoridades federales, por lo que la policía tiene derecho de llevar a un detenido ante un magistrado en caso que éste no tenga licencia de conducir válida.
De la misma forma aprobó la cláusula que penaliza con 100 dólares de multa y hasta 30 días de cárcel a quienes no porten documentación para probar su situación migratoria.
En contraparte, la magistrada mantuvo el bloqueo de una cláusula de la legislación que criminaliza las solicitudes de empleo por inmigrantes indocumentados y otra que penaliza el transporte o albergue de indocumentados.
El pasado 1 de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para bloquear la ley de migración y declararla inconstitucional, argumentando que la ordenanza interfiere con una responsabilidad exclusiva del gobierno federal en materia de migración.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles coinciden en que la ley de Alabama rebasa los alcances de la polémica ley SB 1070 de Arizona al otorgar autoridad a los policías para verificar el estatus migratorio de sospechosos.
'La HB 56 es un intento extraordinario de regular la vida de los inmigrantes. Impedirá a los niños ir a la escuela, negará beneficios públicos e interferirá con la renta de vivienda y con ganarse la vida', señaló en su momento la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU).
Otra demanda fue presentada el mes pasado por la Coalición del Interés Hispano de Alabama (HICA), el Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur, la ACLU y el Centro Jurídico Nacional de Inmigración, entre otros grupos.
La legislación fue promulgada el pasado 9 de junio por el gobernador Robert Bentley, como parte de los esfuerzos de varios estados, incluidos Alabama y Georgia, contra la población indocumentada.
La decisión de la magistrada, contenida en un fallo de 115 páginas de extensión, se mantiene mientras resuelva sobre la sustancia de la demanda del gobierno federal.
Aunque su dictamen no incluye una fecha de entrada en vigor de las disposiciones autorizadas de la Ley HB 56, su fallo inicial tiene vigor hasta el jueves, por lo cual pondrían empezar a aplicarse esta misma semana.
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