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WASHINGTON, Estados Unidos, ago. 29, 2011.- Una jueza distrital bloqueó la polémica, al menos durante un mes, ley anti inmigrante de Alabama que debía entrar en vigor el 1 de septiembre, a fin de disponer de más tiempo para analizar si es o no constitucional.
La magistrada Sharon Lovelace Blackburn deberá emitir su decisión final el 29 de septiembre para determinar si son constitucionales algunas de sus disposiciones más controvertidas, como la que permite a la policía cuestionar a las personas sobre su situación migratoria.
'Al presentar esta moción, la corte hace notar especialmente que no está aludiendo a los méritos de las mociones', señaló respecto a las partes a favor y en contra de la ley, considerada la más dura legislación anti inmigrante de Estados Unidos.
La ley HB56 obliga a los agentes de policía de Alabama a 'tratar de determinar el estatus migratorio de una persona que se sospecha es un extranjero no autorizado a estar en el país'.
Asimismo contiene la controvertida cláusula de 'sospecha razonable' para permitir a los policías a arrestar una persona con sólo presentir o creer que el individuo se encuentra en forma indocumentada en el país.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles coinciden que la ley de Alabama rebasa los alcances de la polémica ley SB 1070 de Arizona al otorgar discreción a los policías para determinar el estatus migratorio de sospechosos de estar indocumentadas sin que exista causa probable.
'La HB 56 es un intento extraordinaria de regular la vida de los inmigrantes. Impedirá a los niños a ir a la escuela, negará beneficios públicos e interferirá con la renta de vivienda y con ganarse la vida', señaló la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU).
El pasado 1 de agosto el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear la ley de migración y considerarla inconstitucional, argumentando que la ordenanza interfiere con una responsabilidad exclusiva del gobierno federal en materia de migración.
'Aunque el gobierno federal valora la asistencia y cooperación de los estados con respecto al cumplimiento de las leyes de migración, un estado no puede establecer su propia política de migración, mucho menos pasar leyes que contravengan el papel federal', señaló el Departamento.
Otra demanda fue presentada el mes pasado por la Coalición del Interés Hispano de Alabama (HICA), el Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Jurídico Nacional de Inmigración, entre otros grupos.
La legislación fue promulgada el pasado 9 de junio por el gobernador Robert Bentley, como parte de los esfuerzos de varios estados, incluidos Alabama y Georgia, contra la población indocumentada.
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