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LA PAZ, Bolivia, dic. 30, 2010.- Miles de manifestantes realizaron este jueves marchas, destrozaron oficinas estatales y se enfrentaron a la Policía en algunas ciudades bolivianas, en rechazo a la subida del costo de los carburantes decidido por el Gobierno de Evo Morales.
Las protestas se produjeron en el Alto, la Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija, si bien el Ejecutivo las minimizó y el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, sostuvo que la mayoría de las capitales regionales vivían "una relativa normalidad".
La mayor y más violenta movilización, realizada por más de 15 mil manifestantes, unió con una marcha las ciudades vecinas de El Alto y La Paz, gritando consignas contra el presidente y pidiéndole que derogue el decreto sobre los combustibles.
En el Alto, los manifestantes destrozaron a pedradas una oficina sindical, otra de una federación de juntas vecinales, una municipal, y quemaron y saquearon oficinas estatales de cobro de peaje de la autopista que une esa ciudad con la Paz.
Entre estos manifestantes apareció un encapuchado armado con un rifle que exigió a Morales dar marcha atrás en el aumento de los combustibles, que subieron entre 57% y 82%.
En Cochabamba (centro), otros manifestantes se enfrentaron a la Policía hasta lograr que los agentes y un camión antidisturbios desalojaran la plaza principal de la ciudad, donde hubo avenidas bloqueadas por camiones de carga.
Los afiliados a la Confederación de Chóferes de Bolivia también protagonizaron un paro que tuvo un seguimiento parcial con la misma demanda de que se derogue el "gasolinazo", aunque el sector ya ha transferido a sus tarifas el incremento.
El ministro Llorenti declaró antes del mediodía que las protestas fueron aisladas y protagonizadas por "pequeños grupos", pero que no alteraron la normalidad de las capitales del país.
"Vamos a mantener el orden pero no vamos a caer en ninguna provocación", dijo el funcionario gubernamental.
Las protestas no fueron aplacadas por el aumento salarial del 20% para cuatro sectores anunciado el miércoles por el presidente Morales, como un forma de compensar los problemas causados en la economía familiar por el incremento de los combustibles.
En cambio, varios sectores le reclamaron que esa medida solo beneficie a la Policía, Fuerzas Armadas, maestros y médicos, que son el grueso de los funcionarios que dependen del Estado.
Morales aseguró que en caso de que él fuera dirigente sindical rechazaría también el denominado "gasolinazo", si bien como mandatario debe cuidar la economía del país.
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