El pleno del Senado estadounidense aprobó este jueves por 68 votos a favor y 32 en contra una histórica iniciativa de reforma migratoria, con el apoyo de todos los demócratas y 14 republicanos.
Esta iniciativa contempla el establecimiento de un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011, que pagan impuestos, no tengan antecedentes penales y cancelen multas, entre otros requisitos.
La iniciativa señala que quienes sean autorizados entrarán en un estado de inmigrante provisional durante 10 años, después de los cuales podrán gestionar la residencia legal permanente y tres años más tarde podrán tramitar la ciudadanía. Los llamados "dreamers" (indocumentados que llegaron Estados Unidos siendo niños) y los jornaleros agrícolas podrán conseguir la residencia en la mitad de tiempo.
El camino es muy largo y los requisitos no son pocos. Sin embargo, durante el proceso los inmigrantes obtendrán permisos de trabajo y podrán viajar sin el temor permanente a la deportación.
Además, los migrantes indocumentados que fueron deportados por causas no penales antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar el ingreso a Estados Unidos si son cónyuges o padres de un ciudadano estadounidense o un residente permanente o si forman parte de los "dreamers".
Asimismo, la iniciativa contempla la creación de una visa W para indocumentados que buscan empleo en sectores que actualmente están fuera de los programas de visas. Se aumenta además de 65,000 a 110,000 el número de visas temporales para trabajadores altamente calificados (H1B), y en el futuro podría aumentar a 180,000.
Desde que se planteó, el proyecto de reforma impulsado por una comisión bipartidista conformada por 8 senadores (conocida como la "banda de los 8") partía de la premisa de que este plan tendría que venir acompañado - necesariamente- de medidas para reforzar la seguridad fronteriza. Y así se presentó.
Sin embargo, a fin de ganar el apoyo de algunos republicanos, se aceptó la aprobación de una enmienda patrocinada por los senadores republicanos John Hoeven y Bob Corker que endureció fuertemente la propuesta original.
La iniciativa enmendada contempla: elevar a 38,405 agentes la Patrulla Fronteriza, de un total de 18,516 a finales de 2012; la construcción de 1,100 kilómetros de vallas fronterizas, así como la adquisición de una serie de equipos de alta tecnología, incluyendo más aviones no tripulados ("drones") para vigilar la frontera.
La iniciativa incluyó asimismo la implementación obligatoria del programa federal E-Verify para revisar el estado migratorio de los trabajadores y un sistema biométrico para rastrear a los extranjeros que entran y salen de Estados Unidos.
De acuerdo con el proyecto aprobado, los inmigrantes no podrán emprender "su camino a la ciudadanía" en tanto no se instrumenten las medidas de seguridad fronteriza.
La adopción de la enmienda representa un gasto de 46,300 millones de dólares. El gobierno federal de Estados Unidos gasta actualmente 18 mil millones de dólares al año en asegurar la aplicación de las leyes migratorias, gasto que supera al del FBI y la DEA juntas, de acuerdo con el "Instituto de Política Migratoria" (Migration Policy Institute).
Cabe destacar que la frontera entre México y Estados Unidos es ya una zona fuertemente vigilada. Además de sensores y vigilancia aérea, el número de agentes fronterizos se había duplicado entre 2005 y 2011.
Durante ese periodo, las aprehensiones de migrantes indocumentados por agente cayeron a niveles históricos, a un promedio de 19 aprehensiones por año. En este sentido, una inversión adicional en agentes apunta a tener rendimientos decrecientes, señalan organizaciones de la sociedad civil como The Washington Office on Latin America ("WOLA"). Además, el último reporte del Pew Center indica que la migración neta entre los dos países fue por primera ocasión igual a cero.
Distintas voces han coincidido en que el endurecimiento de la seguridad en la frontera sólo incrementará los riesgos para los migrantes, mismos que han venido aumentando durante los últimos años, como lo refleja el elevado número de muertes en el cruce fronterizo. En 2012, la Patrulla Fronteriza reportó el hallazgo de 463 cuerpos, lo que equivale a la muerte de 5 migrantes cada 4 días. Mientras tanto, las redes de tratantes capitalizan la tragedia.
Al mismo tiempo, el creciente flujo de recursos materiales y humanos en la frontera se ha visto acompañado de un uso excesivo de la fuerza, como han señalado la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil. Por lo menos 15 personas han muerto a manos de la Patrulla Fronteriza desde 2010.
A estas consideraciones deben sumarse el impacto que las medidas aprobadas por el Senado podrían tener sobre las comunidades fronterizas, y sobre la vida de quienes de manera cotidiana viven la dinámica de integración entre ambos lados de la frontera.
El congreso estadounidense discute sellar su frontera sur con medidas que resultan sumamente cuestionables en cuanto a su eficiencia, proporcionalidad y pertinencia, mientras que algunos estimaciones muestran que cerca del 40% de los inmigrantes indocumentados actualmente en Estados Unidos han ingresado legalmente al territorio y excedido el tiempo de estadía permitido por sus visas, y la migración indocumentada de México ha caído a niveles históricos.
Existen también otros potenciales beneficiarios de la iniciativa: los contratistas privados en seguridad para quienes se presenta como un gran negocio. Además, la posibilidad de legalizar a los inmigrantes indocumentados representaría ingresos adicionales para el gobierno de Estados Unidos por 459 mil millones de dólares en la próxima década, de acuerdo con estimaciones de la oficina presupuestaria del congreso estadounidense (CBO), lo que permitiría combatir el déficit fiscal, además del notable impulso económico por el aumento en la fuerza laboral.
¿Qué sigue?
El proyecto será enviado a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. John Boehner, el líder de la cámara baja, ha dicho que ni siquiera someterá la iniciativa del Senado a votación, a menos que una mayoría de republicanos la apoye. El liderazgo republicano ha insistido que debatirá su propia propuesta.
Hasta el momento, se maneja entre las posibilidades que la iniciativa de la cámara baja incluya la legalización más no la ciudadanía para los indocumentados. Hay otras voces que se pronuncian en favor de que el tema se aborde en sus diversas partes, y no mediante una reforma integral.
El futuro de la reforma migratoria resulta aún incierto. Si bien existen claros incentivos para que ambos partidos la saquen adelante, debido a la demostrada relevancia del electorado latino, las elecciones intermedias de 2014 podrían inducir un posicionamiento contrario a la reforma entre algunos republicanos.
Apunte final, desde México...
Se ha hablado de "agravios" y "ofensas" hacia México por las medidas adoptadas en materia de seguridad en esta iniciativa. Más allá de esas consideraciones, en el centro de esta discusión debe ponerse a los migrantes, tanto a los millones que están en Estados Unidos, para quienes esta posibilidad se vislumbra después de años de sacrificio y lucha, como a quienes han sido separados de sus familias o a quienes continuarán cruzando la frontera común a pesar de todas las medidas de seguridad que se impongan.
Asimismo, no puede perderse de vista a los miles de centroamericanos que seguirán buscando llegar a Estados Unidos a través de México.
VM,
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