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CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 9, 2012.- El Senado de la República aprobó en comisiones la minuta para expedir una nueva Ley que combata el lavado de dinero.
Los senadores de las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Gobernación dieron su visto bueno tal como la hizo llegar la Cámara de Diputados.
Esta minuta fue presentada hace dos años por el presidente Felipe Calderón.
Llegó al Senado como cámara de origen y luego los diputados la revisaron e hicieron más de 30 modificaciones a la minuta original.
El jueves, será discutida y en su caso aprobada por el pleno de la Cámara Alta.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional con el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones de lavado de dinero.
Establece que la Procuraduría General de la República (PGR) contará con una unidad especializada en análisis financiero y trabajará en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La nueva Ley vigilará actividades que se consideren vulnerables para lavar dinero y quienes las realicen deberán dar aviso a las autoridades hacendarias.
Por ejemplo, es el caso de las vinculadas a la práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos, la emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias así como los cheques de viajero, los servicios de construcción o desarrollo de inmuebles, la comercialización de joyas, obras de arte, vehículos marítimos aéreos, los servicios de blindaje, traslado o custodio de valores y determinados servicios de fe pública.
Se establece un régimen especial para restringir pagos con dinero en efectivo en determinadas operaciones como la transmisión de propiedad sobre bienes inmuebles con valor superior a un millón de pesos o de vehículos que superen los 200 mil pesos.
En el caso de las joyas, metales preciosos, relojes, piedras preciosas y obras de arte también se restringirán los pagos en efectivo cuando alcancen un valor superior a 300 mil pesos.
La información y documentación relacionada con actividades vulnerables deberá conservarse de manera física o electrónica por un plazo de 5 años; así lo detalla la minuta proyecto de decreto.
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