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CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 25, 2011.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó no ratificar en su cargo al magistrado Miguel Ángel Ramos Pérez, por haber presionado a una de sus subordinadas a sostener una relación sentimental con él.
Esta es la primera vez que el CJF decide revelar el nombre de un funcionario sancionado a través de un comunicado, pues en ocasiones anteriores se limitaba a informar sobre la cifra de los servidores públicos que habían incurrido en faltas, y el nombre sólo podía conocerse a través de una solicitud de información.
El órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los juzgados y tribunales del país dio a conocer que el impartidor de justicia cuenta en su expediente con una sanción por hostigamiento laboral, lo que no se ajusta a los principios de excelencia y profesionalismo que exige la Constitución.
El CJF recordó que tiene la obligación de revisar el desempeño de los juzgadores federales una vez que cumplen seis años en su cargo, para determinar si los ratifica o no, pues los magistrados de Circuito y jueces de Distrito son nombrados y adscritos conforme a los artículos 97 y 100 de la Constitución, que rigen la carrera judicial.
Expuso que, en el caso de Ramos Pérez, el pleno del consejo decidió de manera unánime que la conducta en que incurrió, y que motivó que en 2006 fuera suspendido seis meses sin goce de sueldo, le impide continuar su desempeño como juzgador federal, por lo que a partir del 24 de mayo fue separado de su cargo.
El CJF opinó que 'la delicada función que tienen encomendada los juzgadores no puede cumplirse adecuadamente, por funcionarios que no respetan al personal bajo su mando y que los acosan para tener relaciones distintas a las laborales'.
Por lo tanto, recalcó que para lograr su ratificación los juzgadores deben cumplir con los principios de profesionalismo y excelencia que marca la Constitución, y estos principios se dañan en definitiva cuando acosan laboralmente a un subordinado que se niega a mantener un vínculo sentimental con ellos.
El consejo consideró el caso de Ramos Pérez, que formaba parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, como un parteaguas y determinó que quienes incurren en conductas de ese tipo no sólo afectan a quienes son objeto de las mismas, sino también a la sociedad.
Agregó que 'quienes se aprovechan de una situación de jerarquía y con un deseo sentimental denigran, humillan y someten a sus subalternos, causan una afectación que trasciende a las instituciones'.
Abundó que esta situación afecta más en el Poder Judicial de la Federación, en el que recae la tarea de impartir justicia, por lo que es necesario que sus integrantes se conduzcan con decoro, probidad, honradez, sencillez y profesionalismo, tanto en el ámbito público como en el privado.
'A los juzgadores no sólo se les debe exigir una preparación y conocimiento que permita resolver los conflictos que son sometidos a su potestad, sino que sean confiables, esto es, que los justiciables y quienes laboran a sus órdenes tengan la certeza de que están ajenos a pasiones, vicios o inclinaciones que puedan influir en su desempeño y en su juicio', agregó el CJF.
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