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BOGOTÁ, Colombia, feb. 9, 2012.- La Fiscalía General de Colombia pidió hoy la detención del que fuera comisionado de Paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe, Luis Carlos Restrepo, por su supuesta participación en una falsa desmovilización de un frente guerrillero de las FARC en 2006, y bajo la creencia de que el ex funcionario ha salido del país.
La solicitud se hizo después de que Restrepo no se presentara "a las distintas citas judiciales a las que ha sido citado para formularle imputación y solicitar medida de aseguramiento (detención) ante los jueces de garantías", informó a los periodistas el director Nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa.
Y también con motivo de las declaraciones de la ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, quien confirmó que la Oficina de Migración de su despacho reportó la salida del país de Restrepo.
"La información que tuvimos anoche por parte de migración era que había salido el país, pero desconocemos su paradero", informó Holguín.
Restrepo, uno de los funcionarios más cercanos al expresidentes Uribe (2002-2010), es investigado por su presunta responsabilidad en la desmovilización falsa de la compañía Cacica La Gaitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un escándalo que salió a la luz cuando ya había dejado el cargo.
Novoa, matizaron fuentes de la Fiscalía General a Efe, tramitará adicionalmente una petición de captura ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en caso de que se confirme que ha abandonado Colombia.
Restrepo y otros altos cargos y militares están vinculados al proceso de la desmovilización de esa facción de las FARC después de que la Fiscalía estableciera que la gran mayoría de los desmovilizados no pertenecían a esa guerrilla.
Al parecer, los presuntos guerrilleros fueron indigentes a quienes se les dotó de uniformes y les fueron entregadas armas que no servían para lucir en una ceremonia que fue transmitida por las televisiones y hacer creer a la opinión pública que estaban dando frutos los llamamientos oficiales a la desmovilización.
El ex comisionado de Paz, según la fiscalía, deberá responder por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
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