Alrededor de las 14:45 horas del 5 de junio de 2009, se inició un incendio en una bodega en la colonia Y Griega en Hermosillo, Sonora, que era arrendada por la Secretaría de Hacienda del estado, mismo que se propagó al inmueble contiguo, donde se ubicaba la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El incendio en la Guardería ABC causó la muerte de 49 niños y lesionó a más de 70. El cúmulo de irregularidades bajo las que operaba la guardería fue el combustible que permitió que el fuego se expandiera y trajera consigo esas fatales consecuencias.
LA GUARDERÍA
Eran diversos los factores que hacían de la Guardería ABC un lugar de alto riesgo: el incumplimiento de la normatividad en cuanto a puertas y salidas de emergencia; la existencia de un plafón a base de una lona plástica que pretendía disfrazar un techo de lámina; un local "acondicionado" como estancia infantil que sólo era separado de la bodega vecina por un muro de tablaroca y era rodeado por una llantera y una gasolinera.
A ello se suma que ese 5 de junio, mientras los niños de entre 30 días y 4 años dormían la siesta, en el interior de la guardería sólo había 14 empleados de los 40 que debieron existir de acuerdo a los lineamientos correspondientes, quienes no contaban con la preparación suficiente para cubrir el perfil del puesto que desempeñaban.
LA BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA
Un grupo de padres de los niños fallecidos y lesionados ha llevado a cabo una lucha incansable por la justicia que, hoy, a cuatro años de la tragedia, no encuentra descanso ni final.
A la fecha, las autoridades de los tres niveles de gobierno han atribuido responsabilidades por lo sucedido en el ámbito estatal y municipal a 13 funcionarios de bajo nivel, en tanto que en el fuero federal la responsabilidad se ha circunscrito a 5 empleados de menor jerarquía en la delegación en Sonora del IMSS, de acuerdo con el Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio.
La insistente demanda de los padres, acompañada por un sector de la sociedad civil, ha sido que se castigue, no sólo por su responsabilidad en los hechos de la Guardería ABC, sino por las ilegalidades en el otorgamiento de la subrogación de esa y otros cientos de estancias infantiles, al ex director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y al presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.
La exigencia de castigo a estos funcionarios no ha encontrado cabida ni en las procuradurías, ni en la Suprema Corte de Justicia. Cabe destacar que, más allá de los obstáculos para fincar responsabilidades en el ámbito penal a estos funcionarios, ellos nunca reconocieron una responsabilidad política o ética ante lo sucedido.
Por su parte, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró una comisión investigadora de los hechos que concluyó en su informe preliminar que sí existió una violación grave de garantías individuales y señaló como autoridades involucradas a un grupo de 16 funcionarios federales, estatales y municipales, entre los que destacaban Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours Castelo y Ernesto Gándara Camou. La comisión determinó que la propagación del incendio hubiera podido ser evitada si los funcionarios públicos hubieran cumplido con sus deberes y que en "el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado".
Sin embargo, la SCJN rechazó el primer dictamen y concluyó que si bien es cierto que se habían violado las garantías individuales, tales violaciones no pueden ser atribuidas a ningún alto cargo de las administraciones pública federal, estatal y municipal, sino sólo a funcionarios de menor jerarquía.
Asimismo, un tribunal colegiado en Hermosillo determinó recientemente que Marcía Matilde Altagracia Gómez del Campo, dueña fundadora de la guardería, no podía ser inculpada penalmente por no haber tenido "deber de cuidado" de los niños víctima del incendio.
Siendo candidatos, el actual gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el presidente Enrique Peña Nieto se comprometieron a que habría justicia. El grupo de padres de niños fallecidos y lesionados Manos Unidas ha presentado nuevas pruebas en torno a las causas del incendio.
El procurador Murillo Karam recientemente instruyó que se revisaran las actuaciones de la dependencia en torno al caso. Aún existe un proceso en el juzgado primero de distrito de Hermosillo en contra de 28 ex funcionarios implicados. La lucha por la justicia continúa.
ABC: BOTÓN DE MUESTRA DE LA NEGLIGENCIA Y CORRUPCIÓN DEL SISTEMA
La tragedia en la Guardería ABC desveló la alarmante realidad del sistema de guarderías del IMSS.
En julio de 2009, Daniel Karam, en ese entonces titular del IMSS, se vio obligado a dar a conocer la lista de los nombres de los dueños y apoderados legales de las guarderías subrogadas del país. Mediante la información difundida quedó en evidencia que, del total de guarderías subrogadas, sólo 2% había sido entregado por licitación y el 98% por asignación directa.
Asimismo, la comisión investigadora de la SCJN reveló que sólo 14 contratos de prestación de servicios de estancias infantiles, del total de 1480, se otorgaron habiendo quedado satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad aplicable exige.
Además, se encontró que la operación de las prestadoras de servicios era también irregular en su inmensa mayoría, pues solamente el .3% de las guarderías cumplía con los requisitos exigidos para su funcionamiento. El 49.9% de prestadores del servicios carecía de constancias de protección civil vigente y sólo 407 del total de los establecimientos tienen visto bueno de bomberos.
LA ESPERANZA: LA LEY 5 DE JUNIO
En este contexto es que los padres de los niños de la Guardería ABC emprendieron otra lucha para que su tragedia no volviera a repetirse. Llevaron a cabo un intenso cabildeo que culminó en la promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como la "Ley 5 de Junio".
Esta ley que regula a los centros de atención y desarrollo infantil está ya en vigor. Su conocimiento y exigencia en los lugares donde tienen obligación de cuidar y proteger a los niños contribuirá a cerrar espacios para que la tragedia no vuelva a suceder. Puedes consultar aquí los contenidos de la ley y su reglamento.
Carlos Monsiváis, en testimonio recogido por Diego Osorno, señaló respecto a la gravedad de lo sucedido aquel 5 de junio: "grave por la muerte de estos 49 niños. Grave por la idea de las autoridades de que basta con el juego de arrojar las responsabilidades a otro para resolver el problema. Grave por todo lo que está detrás de este fraude de las subrogaciones. Grave por la absoluta insensibilidad moral que han mostrado -y ahí no distingo, porque se han esforzado por competir al respecto-. Y grave porque piensan todavía que el tiempo corre a su favor y que la gente de Hermosillo, a la que no creo que le otorguen el rango de comunidad, se va a olvidar, que es cosa de propiciar la amnesia que todo lo subsana o lo volatiza. Creo que están equivocados, porque lo de Hermosillo no le pasó a Hermosillo, le pasó al país entero".
Por eso hoy, 5 de junio, 4 años después, es necesario recordar a la Guardería ABC, a los 49 niños que murieron por una cadena de corrupción, negligencia e impunidad y exigir las condiciones para que la tragedia no vuelva a repetirse.
VM
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