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CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 2, 2011.- A fin de asegurar una investigación científica y profesional sobre el asesinato de las periodistas Rocío González Trápaga y Marcela Yarce Viveros, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió medidas precautorias para la Procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia capitalinos.
El organismo exigió que se asegure que la averiguación previa del caso sea exhaustiva, agotando todas las líneas de investigación posibles, sin descartar aquéllas que se pudieran derivar del ejercicio de la profesión periodística de las víctimas.
Demandó que previo a un acuerdo se resguarde la seguridad física y sicológica de quienes laboran en la revista Contralínea, de la que Yarce Viveros fue fundadora y en la que colaboró hasta el día en que fue asesinada, según un comunicado de la Comisión.
La CDHDF precisó que mantiene comunicación con la directora general de Derechos Humanos y con la subprocuradora de Atención a Víctimas del delito de la Procuraduría, para que se tomen en cuenta estas peticiones y medidas cautelares emitidas por el Ombudsman capitalino.
Entre las medidas precautorias se solicitó que las diligencias de investigación se realicen según los estándares de investigación establecidos en los protocolos especializados, donde se recogen las buenas prácticas de actuación pericial y ministerial.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) exigió una investigación eficaz sobre el asesinato de las periodistas Yarce Viveros y González Trápaga, y reiteró su preocupación por 'el patrón de violencia y hostigamiento contra los periodistas'.
En un pronunciamiento dado a conocer este viernes, el capítulo mexicano de Amnistía Internacional destacó que las investigaciones deben tomar en cuenta que la actividad profesional de estas mujeres pudo jugar un papel fundamental en la motivación del crimen.
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