Evita SCJN acoso a sus trabajadores

Suprema Corte de Justicia de la Nación emite acuerdos para proteger a sus trabajadores de delitos como acoso sexual y laboral, así como para garantizar sus derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO, México, sep.6, 2012.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos Acuerdos Generales de Administración, con los que establece las bases para apoyar el crecimiento profesional y laboral de sus integrantes.

En un comunicado, la SCJN señaló que también fijó las reglas para investigar y sancionar el acoso laboral y sexual en el máximo tribunal del país.

Precisó que los acuerdos II/2012 y III/2012 se emitieron con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y también asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

A través del Acuerdo II/2012, la SCJN apoya la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres que integran el tribunal constitucional, así como impulsa las acciones necesarias para este fin.

En tanto, en el Acuerdo III/2012 se establecen las bases para que la SCJN cuente con un marco normativo adecuado para afrontar los casos de acoso laboral y sexual en el empleo.

Lo anterior porque la comisión de estas conductas implica violaciones a los derechos humanos, por lo que se elaborará el Manual de Buenas Prácticas para investigar y Sancionar el Acoso Laboral y Sexual de este alto tribunal en un plazo no mayor a 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del referido acuerdo.

Además, en un plazo similar la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la SCJN, por conducto del Programa de Equidad de Género, deberá someter a autorización del Comité de Gobierno y Administración de este Tribunal, el Manual de Buenas Prácticas para Investigar y Sancionar el Acoso Laboral y Sexual en este alto tribunal.

La SCJN informó que ambos acuerdos se enmarcan dentro de las reformas constitucionales que en materia de derechos humanos se aprobaron en junio de 2011, así como en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

La emisión de los dos acuerdos también se fundamenta en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la sentencia González y otras contra México, el caso del Campo Algodonero.