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TAMPA, Estados Unidos, ago. 29, 2012.-El alguacil del condado de Maricopa (Arizona), Joe Arpaio, afirmó este miércoles que la Administración Obama debería otorgarle una "medalla" por combatir a los inmigrantes indocumentados en vez de investigarlo, e instó a México a trabajar conjuntamente con EU para resolver los problemas de la frontera.
"Yo debería estar recibiendo una medalla. El presidente debería invitarme a la Casa Blanca... y darme las gracias por ayudar al Gobierno a combatir la inmigración ilegal y los carteles de la droga", dijo Arpaio en Tampa (Florida) durante un encuentro con la prensa extranjera que cubre la Convención Nacional Republicana.
"Irnos (el presidente y yo) al patio, tomarnos unas cervecitas, jugar un poco de baloncesto y hablar, pero eso no va a suceder", ironizó.
Arpaio, que ha respaldado la candidatura presidencial del republicano Mitt Romney, dijo que si éste gana la Presidencia en noviembre próximo, el Congreso de EU debería tratar con él para resolver el problema de la inmigración ilegal por la vía legislativa.
Romney "es un hombre honrado" y si gana la presidencia resolver el problema "no será fácil... (pero) espero que lo dejen trabajar", afirmó.
Preguntado por Efe sobre la plataforma republicana aprobada este martes, que defiende la "mano dura" contra los indocumentados,
Arpaio reiteró su postura de que la primera misión de EU es "hacer cumplir sus leyes" y que quienes las violan deben ir a la cárcel.
Arpaio defendió el arresto y deportación de indocumentados como medida disuasoria contra la inmigración ilegal: "me opongo a un muro (fronterizo), pero una vez que lo saltas, debes ir a la cárcel; eso sería una gran disuasión".
"No estoy bebiendo nada. Sé cómo arreglar el problema en la frontera", enfatizó Arpaio, objeto de una investigación del Departamento de Justicia por sus controvertidas tácticas para arrestar y deportar a los indocumentados.
Según Arpaio, considerado un "héroe" entre grupos antiinmigrantes en todo el país, "la ironía es que he dedicado toda mi vida a combatir el narcotráfico y el problema de la inmigración, y ahora el Departamento de Justicia me persigue".
Arpaio señaló que la inmigración ilegal en EU "es un asunto difícil de resolver" pero, a su juicio, la solución está en el fortalecimiento de la frontera, el cumplimiento de las leyes y trabajar de manera conjunta con México.
"Es una calle de doble vía, se requiere la cooperación mutua", enfatizó.
En ese sentido, dijo que EU debería estrechar la cooperación con el entrante presidente de México, el priista Enrique Peña Nieto, contra los indocumentados y los narcotraficantes.
"Si yo fuera presidente y me reuniera con él, le diría... trabajemos juntos, si necesitas potencia de fuego, si necesitas ayuda con tu Ejército o tu policía federal, estaremos contentos de ayudarte", si México la solicita, puntualizó.
Arpaio también dijo que aconsejaría a Peña Nieto que "no critique a EU" por sus acciones, porque ambos países comparten este problema.
"Enviamos tropas a Afganistán y a otros países, ¿por qué no podemos ayudar a nuestros vecinos, al Gobierno mexicano, para resolver el problema, especialmente la violencia que está ocurriendo?", se preguntó.
La inmigración ilegal ha sido uno de los temas centrales en este ciclo electoral, y los votantes hispanos se perfilan como un bloque decisivo en varios estados clave.
Para ganar la Presidencia, el consenso es que se requerirá el apoyo del 40% del voto hispano. Según las encuestas, el presidente Obama sigue aventajando a Romney entre los hispanos.
Arpaio no tendrá un papel directo durante la convención nacional republicana, en la que Romney aceptará mañana la candidatura presidencial por el Partido Republicano.
No obstante, se prevé que Arpaio pronuncie mañana un discurso cerca del Zoológico Lowry, mientras grupos proinmigrantes han prometido continuar su campaña contra el "sheriff" de Maricopa.
Arpaio, de 80 años, que ha sido elegido y reelegido como jefe de Policía de ese condado de Arizona desde 1992, aguarda el veredicto de un tribunal federal en Phoenix, después de un juicio iniciado por el Gobierno Federal que lo acusó de "prácticas discriminatorias ilegales usadas por la Policía contra los latinos".
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