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CIUDAD DE MÉXICO, México, abr 30, 2012.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 338 votos a favor, el dictamen que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que el Estado, por disposición constitucional, implemente medidas de prevención y protección a la vida, integridad, libertad y seguridad de este grupo.
Este marco jurídico establecerá la cooperación entre la federación y los estados para implementar y operar las Medidas de Prevención, las preventivas y las Urgentes de Protección que garanticen la vida de quienes se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión.
En el documento, que fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, se suscribe que las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de las persona defensoras de derechos humanos o periodista.
"Así como a su cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización o movimiento social", se puntualiza en el texto.
Esta ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
Se señala que será la Junta de Gobierno, presidida por el secretario de Gobernación, la instancia máxima del mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
"Sus resoluciones serán obligatorias para las autoridades federales, cuya intervención sea necesaria para satisfacer medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección previstas en esta Ley", se subraya en el documento.
Esta normatividad crea el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para cumplir con sus objetivos.
Entre las Medidas Urgentes de Protección se incluye: la evacuación; reubicación temporal; escoltas de cuerpos especializados; protección de inmuebles y las que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.
Las Medidas de Protección son la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital; instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; chalecos antibalas; detector de metales; autos blindados y las demás que se requieran.
En la ley se suscribe que se sancionará con dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, al funcionario que utilice, sustraiga, oculte, altere o aproveche información que ponga en riesgo o cause daño a la persona defensora de derechos humanos y periodistas.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) indicó que la tarea de la libertad de expresión tiene un alto riesgo en nuestro país. "Las amenazas, el soborno y la extorsión de la que son víctima los y las periodistas en el país son el pan de cada día".
Al fijar la postura de su grupo parlamentario, la diputada María Guadalupe García Almanza (Movimiento Ciudadano) afirmó que el tema de la preservación de la integridad y de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas se ha convertido en un asunto prioritario, "del que el Poder Legislativo no puede estar ajeno, debido a las condiciones de violencia que se han instalado en México".
El diputado Pedro Vázquez González (PT) destacó que con esta reforma se crean las medidas de prevención encaminadas a desarrollar políticas públicas y programas "con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas".
La diputada Enoé Uranga Muñoz (PRD) refirió que "subsanar los atropellos y la ausencia de una política pública al respecto es el objetivo central de esta ley. La labor de los defensores y de los periodistas es simplemente esencial para la construcción de la democracia".
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Arturo Villaseñor Fernández (PAN) aseveró que defender los derechos humanos y el ejercicio profesional de la libertad de expresión "debe ser una actividad que le interese a la nación".
El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) calificó de trascendente la expedición de este marco jurídico. "No obstante, tenemos que protegerlos porque no tenemos un Estado de Derecho consolidado, ni una democracia auténtica. Nuestras instituciones son débiles".
El diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) expresó que esta ley pretende atender un problema real "y busca darle la seguridad a la actividad de defensores de derechos humanos y de periodistas. Puede ser el instrumento que permita a los trabajadores de estas áreas realizar con mayor tranquilidad su actividad".
Posteriormente, el diputado presidente Guadalupe Acosta Naranjo, a nombre de la Mesa Directiva, lamentó el asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Jalapa, Veracruz, ocurrido el sábado 28 de abril, e invitó al Pleno a guardar un minuto de silencio en su memoria.
Acosta Naranjo enfatizó que "la Presidencia y la Mesa Directiva lamentan el deceso de Regina Martínez Pérez. La LXI Legislatura se pronuncia porque las autoridades correspondientes respondan por el esclarecimiento inmediato de este lamentable suceso. Nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo", acotó.
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