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CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 21, 2012.-El Senado de México aprobó hoy un acuerdo con el que pretende expresar al Gobierno de España su preocupación y "consternación" por la reciente inhabilitación por once años del juez Baltasar Garzón.
Durante la sesión ordinaria celebrada hoy el senador izquierdista Arturo Herviz Reyes, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó un punto de acuerdo donde se considera que la condena de Garzón "constituye un grave ataque al principio de independencia judicial", mismo que fue aprobado por el pleno.
"Garzón ha jugado un papel importante en la Transición de España a la democracia como azote de políticos corruptos y un campeón de gran alcance de la ley internacional de derechos humanos", consideró el legislador desde la tribuna.
El pasado 10 de febrero el Tribunal Supremo español encontró a Garzón culpable de prevaricación y le condenó a once años de inhabilitación por haber autorizado unas escuchas en la cárcel entre los acusados de una gran red de corrupción, investigada en el llamado "caso Gürtel", y sus abogados.
"La sentencia, fallada por unanimidad, no puede apelarse; sin embargo, en la percepción de la sociedad española se ha generado preocupación por considerarse que el asunto se trata de un ajusticiado por adoptar decisiones molestas", insistió el senador Herviz Reyes.
Durante la discusión los senadores mexicanos argumentaron que su opinión no violenta la soberanía del pueblo español.
Además reconocieron la trayectoria de Garzón, a quien calificaron "como el juez más conocido" por su lucha contra la organización terrorista ETA y por su intento de extraditar al dictador chileno Augusto Pinochet desde Gran Bretaña en 1998 para responder por violaciones de derechos humanos derivadas del golpe de Estado lanzado en el país en 1973.
"Sus esfuerzos para enjuiciar al ex dictador chileno (...) e investigar los horrores de la Guerra Civil española (1936-1939), aunque sin éxito, avanzaron el principio de que no puede haber ni amnistía ni impunidad para los crímenes de lesa humanidad", destaca el punto de acuerdo aprobado por la Cámara Alta del Congreso
mexicano.
Finalmente el documento avala la postura de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que ha expresado en torno al caso que "los jueces no deberían ser sujetos a persecuciones penales por haber hecho su trabajo".
Señala también que España tiene la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos, incluidas las cometidas durante el régimen franquista.
El Senado remitió su decisión a la Comisión de Relaciones Exteriores para asuntos europeos de la Cámara de los Diputados, para que si lo considera pertinente someta al pleno una resolución como la adoptada.
Caso de que la Cámara Baja se sume a la postura, el Congreso mexicano remitirá su postura al Gobierno del país para que se la haga llegar a las autoridades españolas.
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