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CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 5, 2012.- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá informar sobre los procedimientos de separación de 11 funcionarios sometidos a exámenes de control de confianza, de desempeño y de competencias profesionales, resolvió el IFAI.
Un particular solicitó, entre otros contenidos, las resoluciones de los procedimientos de separación instruidos por el Consejo de Profesionalización de la PGR contra 11 funcionarios, radicadas ante el Organo Auxiliar de Instrucción dependiente de dicho consejo.
La dependencia respondió que dicha información era clasificada, pero el ciudadano se inconformó y presentó recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que fue aceptado y turnado a la ponencia de la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard.
En alegatos, la PGR reiteró su respuesta, pero después de un requerimiento de información adicional hecho por el órgano garante, puso a disposición del particular versiones públicas de cinco resoluciones de improcedencia.
Esos documentos corresponden a agentes del Ministerio Público de la Federación, en las cuales testó su nombre y el número de los expedientes.
Por otra parte la PGR reservó cuatro resoluciones más, incluyendo la del propio recurrente, con el argumento de que dichos procedimientos fueron impugnados en instancias jurisdiccionales y, por lo tanto, los juicios no han causado estado.
Al analizar este punto, Peschard Mariscal advirtió que la publicación de dichas resoluciones no supone un perjuicio a la deliberación de los jueces.
Aunque formen parte de las constancias o sean insumo del expediente judicial, expuso, su difusión no incidiría en los juicios de amparo en trámite ya que sólo reflejan la determinación tomada por el Consejo de Profesionalización y dan cuenta de un acto administrativo.
La consejera Peschard propuso, por tanto, revocar la respuesta de la PGR e instruirle a que proporcione las resoluciones de los servidores públicos, con la precisión de que sólo se haría público su nombre una vez que exista sentencia que haya causado estado.
Ello en virtud de que hasta dicho momento se determinará si fue o no apto para ejercer el cargo. Dicha propuesta fue avalada por el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, precisó el organismo según un comunicado.
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