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CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 11, 2012.- El empresario Miguel Sacal deberá comparecer ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por actos de discriminación por razón socioeconómica en contra de Hugo Enrique Vega Flores, empleado de un estacionamiento.
En entrevista con Notimex, Ricardo Bucio, titular del Conapred, informó que Sacal Smeke cuenta con cinco días hábiles, a partir de la notificación que se le hará este miércoles, para que acuda ante el organismo a presentar los alegatos que a su derecho convengan, luego de la queja de oficio que abrió en su contra.
Tras reprobar actos de discriminación de este tipo, Bucio Mújica indicó que la queja que se abrió de oficio es independiente del proceso penal que se siga contra el empresario, a través de la procuraduría capitalina.
Explicó sin embargo que la propia ley determina que si el presunto responsable del acto de discriminación decide no comparecer ni atender el llamado del Consejo Nacional, 'puede hacerlo'.
El presidente del Conapred comentó que la ley no establece un plazo específico para resolver este asunto, 'salvo que no haya respuesta de parte del responsable, entonces el expediente tiene que cerrarse por falta de aceptación del responsable'.
A pregunta expresa, reconoció que la ley tiene 'una debilidad' porque a los funcionarios públicos se les obliga a comparecer, no así en el caso de particulares, que son en 65 por ciento las quejas que recibe el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Refirió que si Sacal Smeke se presenta a comparecer, el Conapred explicará los motivos por los cuales se le citó, cuáles es el marco legal que está violentando y cuáles son las medidas administrativas que se aplicarían en este caso.
El titular del organismo indicó que otra medida que se busca es la conciliación, a fin de reparar el daño 'cuando esto es posible' y evitar la repetición de los hechos, para lo cual se pretende que el empresario conozca el marco legal y tenga una formación sobre discriminación.
'Pero también se tiene que evitar la posibilidad de que no quede impune el acto; esto corresponde a la instancia jurisdiccional, tanto al sistema de procuración, como de administración de justicia local', acotó el presidente.
Lo que más incentiva a que en México haya discriminación es que ésta la asuma quien es discriminado y no quien discrimina; 'por eso es tan importante es que haya actos a la justicia', refirió, porque de lo contrario conductas reprobables ética y moralmente, así como prohibidas legalmente se seguirán reproduciendo todos los días.
Destacó que este caso de discriminación socioeconómica implica un daño a la dignidad de Vega Flores, 'lo cual es muy complejo de reparar'.
Ricardo Bucio Mújica precisó que al hacerse público el acto de discriminación, existe incluso la posibilidad de solicitar como medida administrativa, la disculpa pública contra el trabajador.
Consideró que 'el hecho de que haya un repudio público, una respuesta pública contra este tipo de situaciones me parece que es indispensable (para visibilizar este tipo de actos), porque como sociedad tenemos que estar claros de lo que hemos acordado que no se vale, que es ilegal'.
El presidente del órgano de Estado dijo que cuando se dejan pasar esas acciones, 'dejamos pasar también hechos colectivos que se convierten en cultura general, en códigos de conducta institucionales, se convierten incluso en leyes que parten de principios discriminatorios'.
El Consejo se pondrá en contacto también con Hugo Enrique Vega, porque la reparación del daño y la no repetición de estos hechos tiene que ver con la víctima y cuando se abre la queja de oficio, se habla con el responsable de los hechos para notificarle de la queja que se sigue en su contra.
Detalló que en el país hay 17 leyes locales y una federal contra la discriminación; dos prevén sanciones, en Baja California y Coahuila, sin embargo no ha habido castigos en ninguna de ellas.
Además, continuó, hay en el país 13 Códigos Penales que la tipifican como delito, 'pero en ninguno de los 13 ha habido sentencias por discriminación'.
A juicio de Bucio, 'el marco legal es bastante débil en la posibilidad de sancionar a través de los órganos no jurisdiccionales, como el Consejo o a través de las comisiones de derechos humanos y, donde podría sancionar es bastante omiso en perseguir los casos'.
La no discriminación está considerada un derecho en la Constitución, por lo tanto debe ser garantizable y justiciable, lo cual supone un cambio y una formación cultural tanto de los organismos no jurisdiccionales, como los que sí lo son y de los propios legisladores.
Esto es, 'porque se reconoce un derecho pero no se le da los mecanismos para que puedan garantizarse', mencionó.
El titular del Conapred agregó que la ley no establece un plazo específico para resolver este asunto, 'salvo que no haya respuesta del responsable; entonces el expediente tiene que cerrarse por falta de aceptación del responsable'.
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