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CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 28, 2011.-El presidente Felipe Calderón y sus funcionarios de seguridad evalúan cómo defender sus derechos y reputación luego de que activistas mexicanos pidieran a la Corte Penal Internacional que investigue al mandatario por la comisión de posibles delitos de lesa humanidad durante el combate al narcotráfico.
Un día después de que la Presidencia anunciara que exploraba proceder legalmente en contra de quienes imputan delitos de lesa humanidad, la vocera del mandatario dijo que el gobierno evalúa cómo el presidente puede hacer valer sus derechos ante señalamientos que consideran calumniosos.
"Si a una persona como el presidente de la República le dicen asesino (tiene) todo el derecho de defenderse y en todo caso hacer las demandas correspondientes a quien haya hecho esta acusación", dijo en Radio Fórmula Alejandra Sota, portavoz de Calderón.
La vocera dijo que el presidente y sus funcionarios tienen derecho a defender "su honra" y "su reputación".
El abogado Netzaí Sandoval, a nombre de activistas mexicanos, presentó el viernes a la CPI la petición para investigar al presidente. Dijo que el documento presenta al menos 470 casos de lo que consideran violaciones al derecho internacional humanitario por parte de cuerpos como el Ejército, y que incluyen torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Sandoval señaló que la petición está acompañada de 23,000 firmas de diversos activistas, académicos, periodistas y expertos en seguridad.
La demanda también señala como posibles responsables de crímenes de lesa humanidad a miembros del narcotráfico y menciona específicamente a Joaquín "El Chapo" Guzmán, considerado como líder del cartel de Sinaloa.
Un comunicado de la Presidencia advertía el domingo que exploraba acciones legales tras la presentación de la petición, lo cual llevó al abogado Sandoval a considerar que lo que el gobierno daba entender es que iniciaría una persecución en contra de los firmantes.
"Particularmente nos está amenazando", dijo Sandoval en MVS Radio.
Señaló que los firmantes sólo ejercen su libertad de expresión al solicitar a la CPI que se investigue al presidente.
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