Artículos relacionados »
CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 27, 2011.- El gobierno federal rechazó de manera categórica las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del buen nombre México.
La Presidencia de la República indicó que las imputaciones al gobierno mexicano son además de infundadas e improcedentes, 'temerarias', ya que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente al país, ante lo cual se exploran todas las alternativas para proceder legalmente.
'Las imputaciones al Gobierno de México -hechas ante CPI- son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia', anotó, al explicar que en el desempeño de los agentes federales, la observancia de la ley ha sido la regla y no la excepción.
Además, agregó, es absurdo 'que se trata de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas'.
La Presidencia dejó claro que el anterior contexto, no es el caso de México, país que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo.
Explicó que el país enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.
Refirió que ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.
Aclaró que en estas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la seguridad interior del país.
Además, en coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos y que se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.
La Presidencia de la República aceptó que en los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.
Resaltó que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido 'verdaderamente excepcionales'.
Estableció que la regla observada por los agentes federales del orden público, ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución mexicana.
En su desempeño, 'la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción, por lo que las violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional'.
De tal suerte, añadió, el Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el gobierno federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.
En el amplio comunicado, la Presidencia recordó que la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad tiene tres componentes básicos: Enfrentar y someter a los criminales.
Además de reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios público, así como el tejido social a través de una sólida política de prevención.
Recordó las recientes Reformas a la Constitución en materia de Derechos Humanos, Penal, y de Amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de los derechos fundamentales que se haya realizado en México en décadas.
Estas reformas, abundó, son prueba fehaciente del compromiso de la República mexicana con los derechos humanos y demuestran que el esfuerzo del gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad.
También ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país, agregó.
Para ello, se aprobaron nuevas leyes y la transformación de Instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto que las entidades federativas realizan la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales.
Adicionalmente, se realiza una política activa de prevención del delito, a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro y que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, mayor obra de infraestructura de salud y educativa.
Se complementa también una política preventiva con el mayor establecimiento de Centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos, y la implementación del Programa Escuela Segura.
Es decir, el gobierno federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones, finalizó el comunicado.
El viernes pasado, activistas mexicanos presentaron ante la Corte Penal Internacional una denuncia en la que acusan a funcionarios del gobierno federal por las muertes durante el combate al crimen organizado.
[[order]] [[autor]] escribió el [[time | date DD/MM/YYYY HH:mm]]
[[comment]]