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CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 10, 2011.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que las obras inconclusas, presuntos actos de corrupción, omisiones e incumplimiento de normas impidieron prevenir
las afectaciones por las inundaciones que registradas en Tabasco durante 2010.
Esas circunstancias deberán ser investigadas por el Organo Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría General de la República (PGR) para deslindar responsabilidades, expuso dicha Comisión.
Con ese objetivo se emitió la Recomendación 61/2011 dirigida a la Conagua, al gobierno de Tabasco y a ocho ayuntamientos de esa entidad.
Con base en la información recabada, la CNDH consideró que no se desarrollaron los planes gubernamentales para la prevención conforme a los lineamientos acordados y tampoco se dio atención ni protección adecuada a las víctimas.
En este contexto, el organismo nacional "evidenció violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad y posesión", además de que se transgredieron derechos al trato digno y la protección a la salud, la vivienda adecuada y al desarrollo.
Aunado a lo anterior aseveró que sin autorización, notificación previa o decreto expropiatorio, cientos de pobladores de varias comunidades fueron desalojados de sus viviendas mediante el empleo de la fuerza pública.
El organismo autónomo federal aseguró en un comunicado que estos hechos agraviaron a cinco mil 710 víctimas directas y más de 130 mil potenciales, por lo que habitantes de 56 comunidades del estado interpusieron quejas ante la CNDH.
En sus declaraciones los quejosos denunciaron que aunque desde 2003 las autoridades de los tres niveles de gobierno han destinado recursos para solucionar a este problema, el Plan Integral Contra Inundaciones y el Plan Hídrico Integral no se concluyeron en los tiempos previstos.
Aseguraron que se han presentado una serie de irregularidades que han hecho que las obras permanezcan inconclusas y los beneficios que pudieron derivar de su correcta operación, como la disminución de los riesgos en la población por efecto de las inundaciones, no lleguen a ser una realidad.
Por ello la CNDH recomendó a las autoridades involucradas en este caso instruir a quien corresponda para aplicar las acciones necesarias y reparar los daños a las personas que hayan sido afectadas.
Instó a realizar un plan de contingencias conforme a la legislación en materia de protección civil, con el objetivo de brindar atención oportuna, puntualizó el organismo.
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