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CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 9, 2011.-El director para América de Human Rights Watch (HWR), José Miguel Vivanco, informó que el presidente Felipe Calderón ofreció crear una comisión o un mecanismo entre este organismo y autoridades gubernamentales para revisar todos los casos de violaciones a Derechos Humanos México.
En conferencia de prensa, Vivanco dijo que la propuesta del Ejecutivo fue planteada en el marco de la presentación del informe de Human Rights Watch "Ni seguridad ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México".
El informe dado a conocer este día es resultado del trabajo realizado durante los últimos dos años en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, donde se plantea que las fuerzas de seguridad recurren a la tortura y a la coerción para obtener información de los cárteles de la droga.
Tras dos años de trabajo de campo en 11 estados del país, Human Rights Watch documentó 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales que son parte, dijo, de la consecuencia de la lucha contra el narcotráfico.
Antes de difundirlo públicamente, el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el especialista para México de esta organización, Nick Steinber, se reunieron con el presidente Felipe Calderón en Los Pinos para entregarle el informe completo.
El reporte de Human Rights Watch indica que aun cuando en los cinco estados mencionados se han abierto mil 615 investigaciones de 2007 a abril de 2011, por crímenes supuestamente cometidos por soldados contra civiles, ni uno sólo ha sido acusado por estos casos.
Entre otros responsables de las violaciones de los derechos humanos, Human Rights Watch mencionó a los agentes del Ministerio Público que obtienen confesiones ilegales, a los peritos médicos que omiten o minimizan las lesiones de los detenidos y a los jueces que aceptan pruebas obtenidas de manera ilegal.
El informe concluye con recomendaciones específicas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para combatir los abusos a los Derechos Humanos documentados en el informe.
Así, recomienda al Congreso de la Unión reformar el Código de Justicia Militar, para impedir que las violaciones de derechos humanos contra civiles se mantengan en la jurisdicción militar y que los procuradores generales de Justicia tomen la iniciativa para investigar estos asuntos.
Otra va dirigida a los funcionarios públicos para que se abstengan de hacer declaraciones sobre las víctimas antes de haber llevado a cabo las investigaciones correspondientes.
Y una más a los jueces para que se les prohíba expresamente emplear pruebas obtenidas mediante tortura.
Respecto a estas recomendaciones, Vivanco afirmó que el presidente Calderón también se mostró receptivo y se comprometió a promover que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos de las fuerzas de seguridad sea atraído a la jurisdicción civil, mientras se concreta la reforma al Código Militar.
En este sentido, manifestó su satisfacción porque el gobierno de la República reconoció los abusos a los derechos humanos al manifestar su disposición a revisar cada caso del informe y reivindicar a las víctimas si es el caso.
En este marco, de acuerdo con el director para América de HRW, los casos documentados en el informe corresponden a víctimas inocentes, de acuerdo no sólo con las conclusiones de los activistas de esta organización sino a la información obtenida de las propias autoridades.
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