Calderón: Víctimas de violencia no son daños colaterales

El Presidente Calderón señala que hasta 2010 se han registrado más de 34 mil muertos de la rivalidad delincuencial, que no se consideran daños colaterales

CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 18, 2011.- El Presidente Felipe Calderón dijo que las víctimas de la violencia criminal no son consideradas "daños colaterales" por el Gobierno federal y que hasta el 31 de diciembre del 2010 se han registrado 34 mil 612 muertes en el contexto "de la rivalidad delincuencial".

Al responder a las preguntas que le hizo el Senado de la República con motivo de su V Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo precisó que no considera a las personas fallecidas en el contexto de la "rivalidad delincuencial" como una cifra estadística.

En su respuesta a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que ninguna de estas muertes es indiferente para el Gobierno federal y para las instituciones encargadas de procurar la justicia y sancionar a los responsables.

Indicó que la base de datos de fallecimientos en el contexto de la presunta "rivalidad delincuencial" es necesaria para dimensionar la situación y de ninguna manera significa considerar a las personas fallecidas "como un folio o una cifra".

Incluso, sostuvo que a nivel internacional la tasa de homicidios dolosos en México está lejos del nivel de otros países latinoamericanos y la registrada en 2010 es similar a la de 1997, cuando no había "un accionar irracional" de los grupos del crimen organizado.

Calderón detalló que hasta el 31 de diciembre del 2010 se habían registrado 34 mil 612 muertes por la "rivalidad delincuencial" y que el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar con 10 mil 135 decesos, seguido de Sinaloa con cuatro mil 387, Guerrero con dos mil 739, Baja California con dos mil 19.

Mientras que Tlaxcala es la entidad que registró menos muertes con un total de 13.

En su respuesta al cuestionamiento del PRI sobre los nombres de  las víctimas, señaló que el registro que lleva el gobierno federal no determina el estado jurídico de la persona pues, en todo caso, se asume el principio de presunción de inocencia.

Precisó que la pertenencia a una organización criminal sólo se puede determinar a través del resultado de las investigaciones ministeriales y que el homicidio es un delito que compete a las procuradurías del orden local y solo en casos específicos la PGR puede atraer dichos homicidios.