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CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 11, 2011.-La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó, inhabilitó y sancionó con multas económicas a cuatro funcionarios de PMI Comercio Internacional, entre ellos a su
directora, María del Rocío Cárdenas Zubieta.
PMI Comercio Internacional es el brazo comercial de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mercado internacional, que fue constituida en 1989 como una empresa de participación estatal mayoritaria.
El titular de la Función Pública, Salvador Vega, explicó que los cuatro funcionarios inhabilitados para trabajar en el gobierno por 10 años, presuntamente están involucrados en la venta de gasolina a un precio más barato a dos empresas internacionales de compra y venta de hidrocarburos.
En conferencia de prensa precisó que las operaciones irregulares se realizaron en el periodo de 2008-2009, cuando la directora de PMI Comercio Internacional fungía como directora Comercial de Refinados en la misma entidad.
Cárdenas Zubieta fue sancionada con una multa por 283 millones 942 mil pesos, mientras que al ex encargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto, se le impuso una penalización por 85 millones 68 mil 654 pesos.
Al subdirector Comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado, se le sancionó con 170 millones 683 mil 234 pesos y al ex gerente Comercial de Gasolinas y Componentes, Alejandro Tello Winniczuk, con más de 12 millones de pesos.
Vega Casillas refirió que luego de una denuncia ante la SFP, se investigó a la Subdirección de Gasolinas y Componentes de PMI y se detectó un descuento excesivo e injustificado en la venta de la gasolina denominada "cóquer" a favor de las empresas Trafigura y Gunvor.
Ambas empresas son líderes en la compra y venta de hidrocarburos a nivel internacional, detalló el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Explicó que el daño ocasionado a PMI Comercio Internacional por una serie de operaciones comerciales realizadas por los funcionarios sancionados asciende a 1.7 millones de dólares, mientras que el perjuicio a la paraestatal es de 24.3 millones de dólares.
Además se detectaron otras irregularidades en las operaciones comerciales de compra y venta de ese combustible, como la falta de oferta del producto a diferentes clientes.
Otras faltas fueron la omisión de un análisis de costo-beneficio, la ausencia de estrategia y actividades de
comercialización adecuadas y no haber informado al Comité Interno de Comercio de PMI sobre dichas operaciones ni haberlas documentado de manera adecuada.
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