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CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 3, 2011.-Una fiscal federal asignada al área de combate al lavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) fue detenida por apropiarse de dos vehículos de lujo decomisados durante un cateo que la misma funcionaria encabezó.
La PGR informó en un comunicado que la fiscal Isabel Sánchez Hernández, integrante de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se quedó con una camioneta Toyota Sienna y otra BMW X6 localizadas en un cateo realizado a un presunto lavador de dinero en abril.
La funcionaria fue detenida el 26 de septiembre cuando viajaba a bordo de la camioneta Toyota, modelo 2008.
La mujer quedó sujeta a un "arraigo", una figura jurídica que permite a las autoridades detener por un periodo inicial de 40 días a una persona sin tener que presentar cargos formales en su contra.
Tras su captura se hizo un cateo en el domicilio de la fiscal, en el que se encontró la otra camioneta modelo 2010.
En su vivienda, además se encontraron más de 800,000 pesos (poco más de 57,400 dólares) en efectivo, joyas que se presume también fueron obtenidas en otros cateos que ella práctico contra presuntos criminales.
La PGR señaló que la fiscal "posiblemente habría desviado el curso de investigaciones bajo su cargo", además de apoderarse ilegalmente de bienes.
El caso se inició por una denuncia anónima, según la PGR.
Desde que llegó hace unos meses a la PGR, la procuradora Marisela Morales ha dicho que una de sus prioridades será el combate a la corrupción interna.
Anteriormente, Morales era responsable del combate al crimen organizado, desde donde fue una de las responsables de la llamada "Operación Limpieza" que reveló en 2008 la infiltración del narcotráfico en la PGR y que llevó a la detención de varios agentes y mandos, incluido el anterior fiscal antidrogas, Noé Ramírez, por recibir dinero de carteles de las drogas.
Hace unos días la PGR refirió que en lo que va del 2011, jueces han concedido órdenes de aprehensión para detener a 102 funcionarios de la dependencia involucrados en actos de corrupción.
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