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CIUDAD DE MÉXICO, México, ago 16, 2011.- La Fiscalía militar remitió el caso de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, presuntamente violadas en 2002 por soldados mexicanos, a la Procuraduría General de la República (PGR) para que éstos sean procesados por un juez civil, según informó hoy una organización civil.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" aseguró en un comunicado que el pasado 12 de agosto la Procuraduría General de Justicia Militar notificó por escrito a las dos indígenas que las investigaciones sobre la violación sexual y tortura en su contra fueron enviadas a la PGR.
Un vocero de la PGR, consultado por Efe, dijo que de momento no tenía conocimiento oficial de que el caso haya sido turnado a la fiscalía federal. Por su parte la oficina de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tampoco confirmó la versión.
Fernández y Rosendo, dos indígenas Me'phaa del sureño estado de Guerrero víctimas de abusos sexuales en episodios separados supuestamente por militares, lucharon durante nueve años para que el poder civil asuma sus casos, dijo la organización.
"La Fiscalía militar tuvo a bien acordar la incompetencia para seguir conociendo y determinar las indagatorias" por lo que el 29 de julio pasado esta fiscalía envió el caso a las autoridades civiles para que se encargue de lo que "en derecho proceda", señala el comunicado de los defensores de derechos humanos.
Agrega que esta notificación se debió al tipo de denuncia y a las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, como a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano.
La transferencia del caso de la justicia militar a la civil fue motivada también, agregó la fuente, por la "expresa solicitud" de ambas mujeres luego de que la Suprema Corte de Justicia de México decidió que en casos de violaciones a derechos humanos no opera el fuero militar, los cuales deben ser juzgados por tribunales civiles.
En un histórico fallo, la Corte restringió el 12 de julio pasado el fuero castrense para casos de abusos a derechos humanos cometidos por militares, en línea con un fallo de la CorteIDH que en 2009 analizó el asunto de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974. EFE
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