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CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 4, 2011.-El Gobierno mexicano firmó el miércoles sendos acuerdos para la solución amistosa de dos casos que investiga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con lo que acepta su responsabilidad en esos hechos, informó hoy la Cancillería.
El Ejecutivo busca así "privilegiar el diálogo y la concertación con las víctimas", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
El primero de los casos es el de Paloma Angélica Escobar Ledezma, una menor de 16 años desaparecida en 2002 y hallada muerta 27 días después en una carretera cercana a la ciudad de Chihuahua, en el norte de México.
Casi siete años después de iniciado el trámite del caso, la CIDH "encontró acreditada la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos", explicó la SRE.
La familia de Escobar Ledezma argumenta que solo hasta el hallazgo del cadáver se iniciaron las diligencias de investigación con el fin de identificar y sancionar a los responsables, sin que se hayan obtenido todavía resultados satisfactorios.
El segundo caso es el de Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián (tío y sobrino, respectivamente), dos indígenas de la etnia purépecha, quienes fueron detenidos en diciembre de 1997 y sentenciados a 12 años y ocho meses de cárcel por supuestamente transportar marihuana al interior de dos columnas de madera adornadas con diseños tallados.
Los indígenas dedicados a la artesanía de madera, uno de los cuales -Irineo- ya murió, argumentaron ante la CIDH que durante su captura fueron golpeados por las autoridades y no se les designó un intérprete, si bien uno de ellos no hablaba español y el otro muy poco.
La CIDH, después de 14 años de trámite, admitió el caso de los dos purépechas, originarios del occidental estado de Michoacán, para iniciar un análisis sobre el fondo del caso.
Fuentes de la Cancillería dijeron que se trata de buscar una "conciliación" o solución "amistosa" con las víctimas de estos casos que investiga la CIDH, aunque ninguno de ellos ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tribunal que debe condenar o absolver al Estado mexicano si hay lugar a juicio.
Al firmar los acuerdos para la solución de los casos, México reconoce responsabilidad más no culpabilidad en los mismos, indicaron las mismas fuentes.
La Cancillería mexicana agradeció en la nota el "acompañamiento" de la CIDH "para la solución de estos asuntos" y ratificó el "pleno compromiso" del Gobierno "con la promoción y protección de los derechos humanos".
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