CIUDAD DE MÉXICO, México, ago 2, 2011.- La subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Elizabeth Yáñez, informó que de 2007 a 2011 se aplicaron 36 mil 841 sanciones administrativas a servidores públicos.
Detalló que fueron inhabilitados cuatro mil 716 servidores por corrupción o ineficiencia en la aplicación de los recursos, tres mil 409 sanciones económicas, y 56 funcionarios destituidos.
Durante su reunión con la Comisión de la Función Pública de San Lázaro, que preside el diputado del PVEM, Pablo Escudero, la funcionaria aseguró que el costo de la corrupción en contrataciones públicas en México, alcanza el 14 por ciento del presupuesto que año con año se destina a las licitaciones en el sector público.
'De acuerdo a estudios internacionales de la OCDE respecto al impacto que tienen los actos de corrupción y de ilícitos en la contratación pública, se determina que en México el costo que tiene esta participación de manera ilícita en la contratación pública, es de entre el 10 y 14 por ciento del presupuesto dedicado a contratación pública', indicó.
Resaltó que de tener los mecanismos de sanción para funcionarios y particulares, la capacitación a los servidores y eliminar áreas a espacios discrecionales, se tendría un ahorro de 100 mil millones de pesos del presupuesto de contratación pública.
Como parte de los mecanismos para reducir la corrupción que impera en diversas instituciones, la Ley Anticorrupción que se discute en dicha comisión tiene como objetivo sancionar a las empresas que actúan con falta de ética y los actos de cohecho en licitaciones públicas.
En su exposición, Yáñez Robles señaló que los objetivos de la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos son incrementar las sanciones a funcionarios que actúan contra los denunciantes, incentivar la denuncia con remuneraciones económicas y agilizar la investigación.
Por ello, enfatizó que es necesario endurecer las sanciones, ya que hasta el momento éstas son mínimas y no afectan en nada al particular, lo que les permite seguir actuando fuera de la ley.
'Tenemos casos comprobados de que las empresas se están coludiendo para quedarse con las licitaciones de manera ilícita o de que están participando de manera ilegal', subrayó.
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