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CIUDAD DE MÉXICO, México, jul 28, 2011.- Dos indígenas violadas por miembros del Ejército mexicano en 2002 pidieron hoy al Tribunal de Justicia Militar que remita al fuero civil la investigación de sus casos, en cumplimiento de una sentencia de la CIDH y de un reciente fallo de la SCJN.
"Lo que queremos es que se haga valer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado mexicano a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables por la vía civil", dijo Valentina Rosendo Cantú, una de las víctimas.
Inés Fernández Ortega y Rosendo Cantú, dos indígenas Me'phaa del sureño estado de Guerrero víctimas de abusos sexuales en episodios separados por parte de militares, también exigieron a la Fiscalía asumir sus casos.
Fernández Ortega, quien solo habla lengua indígena, lamentó en una rueda prensa a través de un traductor que casi diez años después de lo ocurrido "el Gobierno no ha cumplido con la promesa de hacer justicia".
"Lo que yo quiero es que los guachos -militares- sean castigados por lo que nos hicieron", afirmó la indígena, quien destacó que aún espera la ayuda económica prometida por las autoridades como parte de la reparación del daño.
"No hay ninguna muestra de parte del Gobierno para cumplir con su obligación. Ya no quiero que me siga engañando", apuntó.
Para las indígenas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, el fuero castrense sólo "ha servido para encubrir" estos y otros actos delictivos cometidos por soldados.
La CIDH ordenó en agosto pasado al Estado mexicano garantizar que las investigaciones de estos casos se mantengan "bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria" y en "ninguna circunstancia en el fuero militar", y castigar a los responsables.
También pidió a México "adecuar su legislación" para que las violaciones a los derechos humanos no se vean en el fuero militar.
En un histórico fallo, la Suprema Corte de Justicia de México restringió el 12 de julio pasado el fuero castrense para casos de abusos a derechos humanos cometidos por militares, en línea con un fallo de la Corte de San José que en 2009 analizó el asunto de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974.
Además, determinó que todos los jueces deberán dictar sus sentencias con apego a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados en México, algo que hasta ahora sólo hacían algunos tribunales de ámbito federal.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, presentó el año pasado un proyecto de ley para que los militares que cometan delitos de desaparición forzada, tortura y violación sean enjuiciados en tribunales civiles, pero el Congreso aún no lo ha sometido a votación.
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