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CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 24, 2011.- La Comisión Mexicana de Derechos Humanos solicitará a la Procuraduría General de la República y a la CNDH que interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, como se practica de forma legal en la capital.
En entrevista con Notimex la presidenta de ese organismo, Eugenia Diez Hidalgo, señaló que ese nuevo recurso estará basado en las reformas sobre derechos humanos que se aprobaron recientemente en el Constitución federal.
Explicó que hay varios tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción, entre ellos el Pacto de San José, aunque hay una interpretación del gobierno mexicano que señala que los estados son los que tendrán que legislar al respecto.
México aceptó defender la vida desde la concepción no sólo con ese tratado, sino también con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que hablan también de la garantía a favor de la vida desde que se es persona; no discrimina si es desde la concepción, el nacimiento o las 12 semanas de gestación.
La activista pro vida explicó que la propia Convención de los Derechos del Niño en su preámbulo dice que el infante deberá ser protegido antes y después de su nacimiento, entre otros instrumentos internacionales que hay en la materia.
Refirió que ha habido varios análisis en el mundo respecto a ese tema, pero los únicos que tienen realmente el derecho a reinterpretar el Pacto de San José es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención del Niño sería la Corte de La Haya.
Se ha buscado una reinterpretación de esto, 'creemos que un poco buscando la puerta fácil, porque es más fácil proporcionar el aborto a las mujeres que tienen problemas durante su embarazo que proporcionarles un apoyo para que lo lleven a cabo, porque quedarse con el niño es mucho más difícil'.
Además hay un movimiento internacional donde hay un negocio detrás de la interrupción de la vida de los no natos, con la venta y el uso de medicamentos y aparatos; aseguró incluso que en el Distrito Federal hay médicos que veían un buen negocio en esa operación.
La presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) aseveró que las nuevas reformas señalan que los tratados internacionales son ley suprema, y algunos de ellos protegen la vida.
En cambio el Código Penal del Distrito Federal es una ley secundaria por lo cual se contrapone a la ley; 'tendrá que revisarse porque hay una contradicción importante'.
De ahí que solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la PGR que nuevamente interpongan un recurso de inconstitucionalidad.
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