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CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 12, 2011.- La Suprema Corte mexicana ordenó este martes a todos los jueces del país que a partir de ahora apeguen sus sentencias a los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados, algo que hasta ahora sólo hacían algunos tribunales de ámbito federal.
El fallo mayoritario fue resultado de las discusiones sobre el alcance de una sentencia del 23 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligó a México a asumir determinadas responsabilidades por la desaparición del campesino Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.
En una sesión plenaria celebrada este martes, los diez magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron por 7 votos a favor y 3 en contra el llamado "control de convencionalidad", que obliga a todo juez sin excepción a incorporar en sus decisiones los tratados internacionales de derechos humanos.
De este modo a partir de este momento cualquier norma contraria a los derechos humanos que exista en el ordenamiento jurídico mexicano se puede dejar de aplicar confrontándola con tratados internacionales ratificados por este país.
Desde los años cuarenta del siglo pasado el criterio era que sólo algunos tribunales federales debían tomar el derecho internacional asumido por México como referencia, lo que cambia a partir de ahora.
La decisión se toma en el contexto de la reciente reforma constitucional en vigor desde el 10 de junio pasado, que elevó los tratados internacionales suscritos por México al mismo rango legal que la Carta Magna e introdujo en el sistema jurídico el principio "pro persona".
Dicho principio establece que ante una contradicción de derechos se debe aplicar el que resulte más favorable al ciudadano.
Este martes 86 organizaciones civiles, antes del histórico fallo, recordaron que las sentencias de la CIDH no son "un derecho ajeno al ordenamiento jurídico interno", sino que cuentan con "rango constitucional" y son obligatorias para todas las autoridades.
Además, consideraron que el llamado "control de convencionalidad" en materia de derechos humanos es más bien un "control de constitucionalidad", pues la normativa internacional ratificada por México "configura parámetros normativos para determinar el sentido de las normas constitucionales".
Entre otras firmaron el mensaje la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Proh Juárez (Centro Prodh), Tlachinollan, y el centro de análisis e investigación Fundar.
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