Estudiará Segob sanción contra Arquidiócesis y su vocero

La Segob instalará el próximo viernes una comisión sancionadora contra la Arquidiócesis Primada de México y su vocero

CIUDAD DE MÉXICO, México, jul 6, 2011.- La Secretaría de Gobernación (Segob) instalará el próximo viernes una comisión responsable de acatar el fallo del TEPJF, para determinar el tipo de sanción contra la Arquidiócesis Primada de México y su vocero Hugo Valdemar por llamar a no votar por el PRD.

En entrevista, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Felipe Zamora Castro, dijo que se trata de un caso sui géneris del que no hay antecedente, pues el TEPJF solicitó analizar si se sanciona conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Al respecto, dijo que este punto y otros temas son materia de constantes análisis jurídicos, por lo tanto perfectibles, de ahí que los legisladores podrían incluirlo en eventuales modificaciones a la ley electoral para que queden absolutamente claras las reglas que se deben seguir.

Ello, a fin de que la Segob actúe conforme a esas nuevas reglas; 'mientras tanto, agregó, la falta de ley o las lagunas no nos exime a nosotros de cumplir con la sentencia, se tendrá que hacer un arduo trabajo de interpretación y de análisis del expediente para emitir la resolución que corresponda a derecho'.

Zamora Castro comentó que la obligación de la Segob acatará la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que sólo está a la espera del informe que le remita el IFE, a fin de que la comisión lo revise y con libertad, sus integrantes determinen lo que en derecho corresponda.

Precisó que la comisión está integrada por los titulares de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el director de Asociaciones Religiosas de la Segob, quienes llevarán a cabo su primer cita de trabajo el viernes.

El subsecretario informó que la Segob recibió ya un primer oficio directamente del TEPJF sobre el contenido de la sentencia, por lo que los integrantes de la comisión podrán iniciar su análisis y definir la ruta de trabajo a seguir, a fin de determinar el tipo de sanción.

Respecto a si las sanciones que establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público podrían ser desde el apercibimiento hasta la pérdida del registro, Zamora Castro dijo que la ley contempla esas opciones.

Sin embargo, indicó que 'no me atrevería a hablar de sanciones en este momento porque le corresponde, precisamente, a los integrantes de la comisión decidir conforme a las constancias del expediente, ver cuál sería la que corresponde'.

Detalló que el tribunal ordenó el análisis una vez más del caso Valdemar en lo que corresponde a infracciones a las leyes electorales.

En este marco, aceptó que existe una 'laguna de interpretación jurídica' que determina que el caso se analice una vez más, la cual se originó por la forma en que reformaron las leyes electorales a lo largo del tiempo.

En el primer expediente que examinó la Segob se analizaron violaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y en este caso, 'el tribunal insiste en que veamos y analicemos lo que corresponde a violaciones al código electoral', expuso.

Cuestionado respecto a si la dependencia tiene facultades para sancionar conforme al Cofipe, mencionó que 'es una orden que nos está dando el tribunal electoral en la materia'.

 Zamora Castro refirió que en este tipo de sanciones no se cuenta con antecedentes, al precisar que a partir de que se presenta una queja, se abre un expediente y se inicia la prueba de alegatos y, hasta entonces se decide aplicar o no una sanción.

Opinó que la particularidad que tiene este procedimiento sui géneris, es que el tribunal ordena que el Instituto Federal Electoral (IFE) remita sus expedientes a la dependencia con el fallo que tomaron, a fin de que la Segob analice la sanción que corresponde.

Señaló que sin duda, se trata de una discusión jurídica complicada, 'pero estoy seguro que los integrantes de la Comisión deliberarán y encontrarán la salida correcta conforme a la ley'.

 Añadió que la determinación que tome la Segob podrá ser impugnada por Valdemar y la propia Arquidiócesis.