Inhabilita a 8 servidores públicos del Colegio de Posgraduados

Por Anayansin Inzunza | Fuente: Noticieros Televisa | 2011-06-14

Función Pública destituye e inhabilita a ocho servidores públicos del Colegio de Posgraduados, incluido su director, por transferir indebidamente 23.4 mdp a cuentas bancarias personales

CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 14, 2011.-La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a ocho servidores públicos del Colegio de Posgraduados por transferir indebidamente 23.4 millones de pesos a cuentas bancarias personales.

En un comunicado de prensa, la dependencia informó que la auditoría, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2008, señala como involucrados al director del Colegio de Posgraduados, cuatro profesores-investigadores y tres  empleados administrativos.

Para la comprobación de los 23.4 millones de pesos fueron utilizadas  facturas falsas y alteradas, así como la subcontratación indebida de servicios profesionales.

Por los hechos, el director general Félix Valerio González Cossio fue destituido e inhabilitado por un año para trabajar en el gobierno federal.

La sanción para los cuatro profesores-investigadores fue la siguiente:

-Óscar Luis Figueroa Rodríguez: destitución, inhabilitación por 15 años y multa por 2 millones de pesos.
-Enrique Mejía Sáenz: destitución, inhabilitación por 10 años y multa por 23 millones de pesos.
-Adolfo Antenor Exebio García: destitución, inhabilitación por 10 años y multa por 1.5 millones de pesos.
-Benjamín Figueroa Sandoval: suspensión por 30 días.

Para los tres empleados administrativos la sanción quedó así:

-José Fernando López Upton: destitución, inhabilitación por 10 años y multa por 23 millones de pesos.
-Axel Gerardo Chacon Chávez: destitución e inhabilitación por 10 años.
-Gloria Isabel Sánchez Torres: inhabilitación por 2 años.

Además de las sanciones administrativas, la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de peculado contra cinco servidores públicos involucrados directamente en la transferencia de recursos públicos, por lo que podrían alcanzar una pena de 2 hasta 14 años de prisión.

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