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CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 27, 2011.-Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron relevar de sus puestos a los elementos policíacos que no aprobaron los exámenes de confianza, y darles seguimiento a través de un padrón para evitar que se incorporen a las filas del crimen organizado.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Heliodoro Díaz Escárraga, dijo que es indispensable mejorar la política de seguridad pública del país, donde se garantice que todos los elementos de la policía cuentan con estándares de confianza y las herramientas suficientes para enfrentar el crimen organizado.
"Si esto no se supera, ni la Ley de Seguridad Nacional que está en este momento en discusión, ni ninguna otra disposición podrá superar lo que en la práctica no se hace, como son los exámenes de confianza", manifestó.
En su opinión, es importante contar con un sistema para garantizar que los elementos de seguridad de cualquier mando que hayan desertado por no aprobar los exámenes no se sumen a las filas del crimen organizado.
Propuso crear un padrón donde se tenga registro de todas estas personas, con el fin de darle seguimiento a sus actividades, mediante reportes y escaneos de las áreas donde se desempeñan.
Díaz Escárraga, consideró preocupante que de los 400 mil elementos federales, sólo unos cuantos pasen los exámenes básicos, por lo que insistió en la necesidad de emprender mejores políticas que ayuden a la ciudadanía tener confianza en sus autoridades.
Mientras que la secretaria de la Comisión de Seguridad, la perredista Teresa Incháustegui, señaló que los exámenes de control de confianza que se aplican a funcionarios de alto nivel deberían ir acompañados de una investigación a su patrimonio.
Lo anterior, explicó, para hacer más efectivo la detección de colusión con el crimen organizado, pues con la norma como está actualmente sólo se puede cesar al funcionario que no pase las pruebas, sin saber si durante su función intervino o no a favor del crimen organizado.
"En el tema de transparencia aún tenemos el secreto bancario que sigue salvaguardando a la reserva muchos de los bienes mal habidos. En caso de los altos funcionarios, la misma inteligencia del Estado, debería tener acceso libre a toda esa información", subrayó el diputado priísta.
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