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CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 13, 2011.- Defensores de los Derechos Humanos mexicanos urgieron hoy a las autoridades a poner fin al "holocausto de migrantes" en que se han convertido los asaltos, violaciones, extorsiones y muertes de indocumentados.
Además, exhortaron al Gobierno a depurar a fondo el Instituto Nacional de Migración (INM), una acción de la que ayer se concretó un primer paso al anunciarse el relevo de todo el personal en 7 de los 32 estados del país para erradicar la corrupción.
"Hay que hacer una limpia total. Estamos exigiendo la certificación de todos y cada uno de los agentes", dijo hoy en una rueda de prensa el sacerdote Tomás González, responsable del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta (CDHU), ubicado en la localidad de Tenosique, en el sureño estado de Tabasco.
La medida se tomó en Oaxaca, Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, después de que varios indocumentados centroamericanos denunciaran que agentes migratorios son cómplices del crimen organizado.
El sacerdote dijo que quienes trabajan con indocumentados son "testigos presenciales de la persecución, extorsión y continuas violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte de los agentes federales del INM".
"Todos sabemos, sobre todo a partir de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, de fines de agosto de 2010 (en la que murieron 72 inmigrantes a manos del crimen organizado), que esas víctimas son ahora por demás visibles y su lamento clama al cielo con gritos desgarradores que salen desde lo más profundo de su dolor", expresó.
González recordó que a México todos los indocumentados "vienen con un bendito sueño, el de una mejor vida, pero aquí (...) se transforma en una maldita pesadilla".
Datos oficiales señalan que cada año unos 300 mil indocumentados, en su mayoría centroamericanos, cruzan por los mil kilómetros de frontera que comparte México con Guatemala y Belice para tratar de llegar a Estados Unidos.
El también activista cree que buena parte del sur de México "ha sido tomado por el crimen organizado".
"Hay un pueblo dañado por los líderes políticos, el tráfico de droga y de personas" y "una delincuencia común dispuesta a despojar de todo" a la gente, lo que unido es un síntoma de que "el Estado de Derecho ha sido sepultado", afirmó.
Ante esa situación, "tenemos que frenar este holocausto y el primer responsable de esto es el Estado", al que pidió ir más allá de aprobar leyes migratorias "con una perspectiva de seguridad nacional".
En la misma rueda de prensa, convocada para comentar detalles del Informe Anual 2010 difundido ayer por Amnistía Internacional (AI), el director ejecutivo de esa ONG, Alberto Herrera, dijo que "México vive un momento crítico en materia de derechos humanos".
"En muchos sentidos el año 2010 fue uno de promesas incumplidas", entre otras cosas en materia de migración, apuntó.
Deploró que "aproximadamente seis de cada diez mujeres que llegan a albergues de migrantes en el sur de México" hayan sufrido algún tipo de violencia sexual y que muchos de los miles que cruzan el país sean secuestrados y asesinados "por bandas de delincuentes, en ocasiones en connivencia o complicidad con autoridades".
Sobre la posible depuración del INM, dijo que en principio es una medida que Amnistía Internacional ve "con buenos ojos" y que es necesaria por la exigencia de que haya un "buen ejercicio del poder público".
Esta situación en el organismo migratorio confirma "que las bandas del crimen organizado no siempre actúan solas", destacó Herrera.
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