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WASHINGTON, Estados Unidos, mayo 4, 2011.- El procurador general Eric Holder fue acusado este miércoles por el senador republicano Charles Grassley de 'bloquear' la indagatoria sobre la operación "Rápido y Furioso" y de negar el trasiego ilegal de armas a México pese a evidencia en contra.
"El Congreso no debe permitir que sus esfuerzos de investigación sean bloqueados porque los detalles puedan ser vergonzantes a ciertos funcionarios del Departamento de Justicia", dijo Grassley a Holder en una audiencia del Comité Judicial del Senado.
"En el mejor de los casos la ATF fue descuidada en autorizar la venta de miles de armas a intermediarios, en el peor de los casos nuestro gobierno participó en armar a criminales, cárteles mexicanos y otros que después mataron a agentes federales", remató el senador por el estado de Iowa.
Grassley precisó en ese sentido que el comportamiento en cuestión por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Departamento de Justicia pudo haber conducido a la muerte de al menos un agente federal -Brian Terry- y de "numerosos crímenes en Estados Unidos y México".
En su respuesta, Holder aceptó que su Departamento toma las acusaciones con seriedad y por ello pidió la investigación a cargo del Inspector General, que aún está en curso y no tiene plazo de conclusión.
Holder sostuvo que la política del Departamento de Justicia establece como "inaceptable" que se permita la compra y distribución "sin control" de armas sea dentro de Estados Unidos o para cruzar la frontera.
Pero Grassley se declaró "extremadamente decepcionado" por la respuesta del Departamento de Justicia a la investigación sobre la ATF y recordó que envió una carta pidiendo información desde enero pasado, además de apelar personalmente al propio Holder.
"Me conmocioné cuando pocas horas después, el Departamento de Justicia envió otra carta repitiendo la negativa con otras palabras (...). Preocupa que el Departamento de Justicia repita su negativa tardíamente, a la luz de la evidencia creciente en apoyo a las acusaciones", dijo Grassley.
El senador sostuvo que los documentos y declaraciones existentes documentan que se permitió la venta ilegal aún cuando se supo que las armas aparecieron en México y sólo se detuvo cuando dos de las armas aparecieron en la escena del crimen del agente Terry.
"Esto no se puede simplemente echar bajo la alfombra y seguir hasta el fondo junto con el representante Darrell Issa para saber quien aprobó esta operación que fracasó tan trágicamente", dijo Grassley.
"El Departamento de Justicia no debe bloquear al Congreso ni intimidar a soplones u otros testigos potenciales', dijo en alusión a la posición del Departamento de Justicia de que una averiguación legislativa podría afectar los proceso criminales contra los intermediarios de armas.
Holder se comprometió a enviar una respuesta formal por escrito a las interrogantes de Grassley pero no fijó una fecha para la entrega de la investigación del Inspector General del Departamento de Justicia.
Una investigación de la cadena CBS encontró con base en fuentes de la ATF que se permitió que hasta dos mil 500 armas, incluidos 575 rifles de asalto tipo AK47 y otros calibre .50, fueran compradas en Estados Unidos y cruzadas en forma ilegal a México.
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