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CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 10, 2011.-El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que las 50 estaciones migratorias del país se encuentran abiertas al escrutinio público y a las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil.
La coordinadora jurídica del INM, María del Carmen del Río Yelmi, destacó en entrevista que México cuenta con los estándares que establecen los compromisos internacionales para aquellos extranjeros que ingresaron al país sin su documentación en regla.
Luego de que la organización Sin Fronteras diera a conocer que en las estaciones 'se siguen registrando violaciones a los derechos humanos de los migrantes detenidos', Del Río externó que éstas están abiertas a un ejercicio de transparencia.
Recordó que las estaciones de Iztapalapa y Tapachula alojan al mayor número de extranjeros, dado que ahí la estancia es más prolongada, a diferencia de otras que son de tránsito y cuyos plazos van de 24 horas o menos de una semana.
Tapachula ha sido considera como una estación 'modelo' en cuanto a estándares de control y respeto a lo que requiere una persona cuando es alojada, indicó.
'En la práctica tenemos que verificar que eso se cumpla y por eso nos propusimos varias reglas y tantos mecanismos de control', abundó la funcionaria.
Sin embargo, 'siempre sirve que las organizaciones de la sociedad civil hagan observaciones de las cosas que no se cumplen y estamos abiertos a eso. Nunca vamos a negar, si en algún momento ellos nos observan que está faltando una cuestión, que no se le está dando la debida atención a la persona o respetando sus derechos', comentó.
Del Río Yelmi recordó que la Ley General de Población establece que todas las personas pueden entrar legalmente al país, siempre y cuando lo hagan por puntos formales de internación y con la documentación en regla.
En el caso de los extranjeros destacó que deberán contar con su pasaporte, que dependerá de lo que vengan hacer a México, ya sea en calidad de turista o con una forma migratoria que acredite que realizarán alguna actividad determinada en el país.
Sin embargo, cuando un extranjero se interna sin documentos o bien hace una actividad diferente a la que se le autorizó o se venció su documento legal de estancia, la propia ley señala que deben ser acreedores a la sanción de la expulsión.
Es decir, que no pueden permanecer más en el país porque no cumplen los requisitos y que es el Instituto Nacional de Migración, la autoridad que debe expulsarlos.
Del Río refirió que el reglamento de la Ley General de Población establece tanto la sanción, que es la expulsión o deportación de personas del país por no cumplir con los requisitos, como que deben ser alojados en estaciones migratorias mientras esperan su aplicación.
'Estos lugares son instalaciones físicas en las que el INM va a prever ese aseguramiento mientras las personas son deportadas a su país de origen, y en ese sentido el reglamento de la Ley establece reglas para que éstas personas se les respete sus derechos y se les conceda una serie de garantías una vez que sean alojadas, siempre con fines de expulsión o deportación temporal', acotó.
Con fundamento en el Reglamento de la Ley, el 7 de octubre de 2009 se expidieron las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias en las que garantiza una serie de derechos de las personas que son alojadas o aseguradas para que se les trate con dignidad y respeto.
De igual forma se les debe informar sobre su procedimiento, tener acceso a hacer llamadas, a que un representante legal los asista y a mantener contacto con su representante consular y que se les genere una serie de garantías de debido proceso antes de que sea expulsado.
La funcionaria del Instituto Nacional de Migración hizo hincapié en que estas normas 'pasaron por todo un proceso de consulta con las organizaciones'.
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