Aprueba Senado expedir Ley Federal Anticorrupción

La Ley Federal Anticorrupción sancionará a los funcionarios que reciban dinero o beneficios, pero también a los particulares que los ofrezcan, y brindará recompensas a los ciudadanos que denuncien

CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 5, 2011.-El Senado aprobó expedir la Ley Federal Anticorrupción que sanciona a los funcionarios públicos que reciban dinero o beneficios y a particulares que los ofrezcan, y brinda recompensas a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción.

La Ley Federal Anticorrupción y las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos fueron avaladas con 73 votos a favor y tres en contra en lo general.

Según el dictamen aprobado en la sesión de este martes, se pretenden abatir prácticas de corrupción por parte de personas físicas o morales que participan en las compras y contrataciones del sector público.

Así serán sancionados los particulares, nacionales o extranjeros, que prometan, ofrezcan o den dinero y dádivas a un servidor público para realizar o abstenerse de un acto relacionado con sus funciones para obtener o  mantener un beneficio o ventaja.

Los particulares que hagan esto, sin importar si sus ofrecimientos sean aceptados o no, serán inhabilitados de tres meses a cinco años para participar en contrataciones públicas federales.

También se les aplicará una multa de mil a 50 mil veces el salario mínimo, y en el caso de contrataciones diversas a permisos, concesiones o trámites de contrataciones públicas federales, una penalización de entre 30 y 35 por ciento del monto del contrato.

Cuando se trate de personas morales se les impondrá una multa de 10 mil a dos millones de veces el salario mínimo.

En el caso de contrataciones diversas a permisos, concesiones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales, se les instaurará una multa de entre 30 y 35 por ciento del monto del contrato, y una inhabilitación de tres meses a ocho años.

A su vez, las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos incluyen la entrega de estímulos y beneficios económicos a los particulares que presenten denuncias sobre actos de corrupción de servidores públicos.

Establece la obligación del gobierno federal de proteger a los ciudadanos y servidores públicos que presenten este tipo de denuncias, para evitar que estos últimos sean hostigados en sus centros de trabajo, y que los particulares reciban la atención adecuada.

Los estímulos económicos serán entregados por la Secretaría de la Función Pública, que fijará los montos, sólo a particulares que denuncien actos de corrupción, mientras que los servidores públicos que lo hagan recibirán un reconocimiento no económico.

Además, se imponen de uno a 10 años de inhabilitación al servidor público cuando el monto del acto u omisión no exceda el equivalente a 200 veces el salario mínimo, y de 10 a 20 años cuando rebase ese límite, además de la destitución.