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CIUDAD JUÁREZ, México, mar. 21, 2011.- Los cárteles de la droga que operan en Ciudad Juárez, la urbe más violenta de México, han logrado rebajar notablemente la comunidad de activistas pro Derechos Humanos, muchos de los cuales optaron por huir a EU para escapar de la muerte de la que no se libraron otros activistas.
En los últimos dos años han sido cinco los activistas asesinados por el crimen organizado y doce los que han abandonado el país, reveló este lunes el comisionado de Derechos Humanos en el estado de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson.
"Quedamos como diez de unos veintisiete que éramos. Todos pidieron asilo a Estados Unidos o los han matado", señaló De la Rosa Hickerson.
El caso más reciente es el de Susana Chávez, poeta y activista, creadora del lema "Ni Una Más" para protestar contra los asesinatos de mujeres en la urbe, más de medio millar desde 1993, la gran mayoría impunes. Chávez fue violada, mutilada y asesinada el 11 de enero por tres personas, entre ellos un menor.
Apenas un mes antes, Marisela Escobedo fue asesinada frente a la sede del gobierno de Chihuahua cuando pedía justicia por el homicidio de su hija, cuyo asesino confeso fue liberado por los jueces.
Otro asesinato fue el de Josefina Reyes, ex regidora izquierdista de un municipio aledaño a Ciudad Juárez y luchadora social durante más de dos décadas, acribillada por un grupo de hombres sobre la carretera rumbo al Valle de Juárez.
En noviembre de 2010, la activista Flor Alicia Gómez, de Justicia para Nuestras Hijas y del Centro Derechos Humanos de las Mujeres, fue violada y asesinada. Finalmente, en septiembre de 2009, Paz Rodríguez Ortiz, fundador de una asociación pro Derechos Humanos, fue tiroteado mortalmente frente a su esposa.
En poco más de dos años, cerca de 6.500 personas han sido asesinadas en la urbe, fronteriza con El Paso.
Por ello, son muchos los que piden asilo en el país vecino. Ese es el caso de Cipriana Jurado, de 46 años, cuya labor ha tratado de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las maquilas (fábricas).
Uno de los casos más preocupantes es el de la familia de la asesinada Josefina Reyes, cuyos 31 miembros tramitan el asilo a través de la ONU, después de que varios parientes, entre ellos la activista, murieran de forma violenta.
El 12 de marzo pasado, Marisela Ortiz, directora de la ONG Nuestras hijas de regreso a casa, dejó la urbe norteña ante las amenazas de muerte dejadas frente a una escuela secundaria, escritas en una cartulina.
De la Rosa Hickerson afirmó no tener miedo de ser el siguiente y consideró que la situación en Ciudad Juárez requiere de más personas comprometidas con los Derechos Humanos.
Aseguró haber recibido amenazas recientes y, por tanto, haber tomado precauciones para seguir trabajando. "De pronto hay sucesos que te hacen perder certeza. Yo todavía creo que podemos resolver esta situación. Hemos recibido amenazas, pero pues uno toma precauciones y sigue trabajando", indicó.
El activista consideró necesario "mayor reconocimiento institucional".
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