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CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 16, 2011.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que la iniciativa de reforma fiscal de senadores del Grupo Parlamentario del PRI tendrá un impacto negativo en los ingresos del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios de alrededor de 220 mil millones de pesos anuales.
En un documento donde expresa sus comentarios sobre la propuesta presentada el pasado 10 de marzo, la SHCP celebra que los grupos parlamentarios estén dispuestos a discutir la conveniencia de ampliar la base del IVA, al gravar algunos alimentos.
Sin embargo, señala, se estima un impacto negativo en los ingresos para el gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios de 31.5 mil millones de pesos anuales.
Asimismo, 17 mil millones de pesos adicionales por el incremento de la tasa de frontera de 11 a 16 por ciento; de 28.3 mil millones de pesos por gravar algunos alimentos que hoy no están gravados; 1.9 mil millones de peso por gravar al autotransporte foráneo terrestre de personas; y hasta menos 78.6 mil millones de pesos por la devolución de tres puntos de IVA para las personas físicas consumidores finales.
Además, refiere que el tipo de devoluciones que propone la iniciativa representaría un problema operativo.
La propuesta incluye reducir la tasa del ISR de 30 a 25 por ciento, eliminar el IETU y cambiar el esquema de determinación de la base del ISR de devengado a flujo, sin eliminar ningún régimen especial del ISR.
La Secretaría de Hacienda comenta que la reducción de la tasa de 30 a 25 por ciento, en el largo plazo implica una pérdida recaudatoria anual de 60.9 mil millones de pesos con respecto a los ingresos actuales.
La eliminación del IETU tendría un impacto negativo directo de 60.6 mil millones de pesos, adicional a una posible pérdida de recaudación en ISR, ya que el IETU es un impuesto mínimo del ISR.
Al eliminar el IETU, detalla, se suprime el impuesto mínimo de control y se pierde la única defensa del sistema de renta contra los abusos de planeaciones fiscales agresivas y regímenes especiales.
Agrega que el cambio en el esquema de la determinación de la base del ISR de devengado a flujo tiene dos efectos que van en sentido contrario.
Por un lado, se sustituye la depreciación de activos por la deducción total de inversión; se sustituyen las ventas facturadas por cobradas; y se cambia el costo de ventas por compras.
Estos efectos tienen un costo de 38.5 mil millones de pesos y por otro lado, se elimina la deducibilidad de los salarios (como se tiene en el ISR) y se otorga un crédito por los salarios gravados (como se otorga en el IETU), lo cual tiene un efecto positivo en la recaudación de 33.9 mil millones de pesos.
Así, el costo neto de pasar del régimen devengado a flujo en ISR implica una pérdida de ingresos de 4.6 mil millones de pesos.
De esta forma, la propuesta en materia de ISR tendría un impacto negativo en los ingresos del Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios de 126.1 mil millones pesos anuales.
Asimismo, en la iniciativa se propone un régimen simplificado opcional en el cual las empresas podrán cumplir con sus obligaciones fiscales al pagar cinco por ciento sobre sus ingresos brutos.
Este régimen es similar al actual Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) con dos diferencias notorias, indica, por un lado, el límite de ventas establecido de 20 millones de pesos (mdp) es mayor al de Repecos de dos millones de pesos e implica que alrededor de 75 por ciento de las personas morales y 99 por ciento de los profesionistas (personas físicas con actividad empresarial) tienen ingresos por debajo de este límite.
Por otro lado, en el régimen opcional propuesto se les permite emitir facturas lo cual fomenta la evasión y elusión, ya que genera incentivos a la sobrefacturación, la venta de facturas reales y la simulación de compras inexistentes.
Sobre la propuesta de modificación al Régimen de Pemex, menciona que en la actual administración se ha apoyado de manera decidida a Petróleos Mexicanos (Pemex) y en los últimos años duplicó su inversión anual, al pasar de 127 mil millones de pesos en 2005 a 256 mil millones de pesos en 2010.
La iniciativa permite a Pemex Exploración y Producción incrementar las deducciones por sus inversiones. Este aumento en las deducciones, tiene un costo estimado para el Gobierno Federal, las entidades federativas y municipios, de 62 mil millones de pesos anuales.
Los actuales límites le permiten deducir la inversión al considerar estándares internacionales de eficiencia, de forma que no se lleven a cabo gastos innecesarios que reduzcan el beneficio que perciben los hogares mexicanos a raíz de la renta petrolera, sostiene.
La SHCP añade que aunque se comparten los objetivos fijados por la iniciativa, una condición fundamental de cualquier propuesta fiscal debe ser la responsabilidad al fortalecer los ingresos, racionalizar el gasto y el mejor aprovechamiento de las facultades de los tres órdenes de gobierno.
La propuesta de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del PRI disminuye sustancialmente los recursos del Gobierno Federal, entidades federativas y municipios por 220 mil millones de pesos (154 mil millones de pesos para la Federación y 66 mil millones de pesos para entidades federativas y municipios).
La SHCP reitera su compromiso de mantener un diálogo abierto con el Congreso y la sociedad para discutir esta iniciativa así como cualquier otra orientada a fortalecer nuestro sistema tributario y la gestión hacendaria en general para apuntalar el crecimiento económico y social de México.
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