Exigen protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos

Siete agrupaciones civiles exigen al Estado mexicano crear los mecanismos de protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos

CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 14, 2011.-Varias organizaciones civiles demandaron hoy al Gobierno mexicano que garantice la seguridad y la protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, principalmente en el
sureste y norte del país donde ha aumentado el número de amenazas y muertes.

En una carta enviada a la Secretaría de Gobernación, siete agrupaciones civiles exigen al Estado mexicano "cumplir con los compromisos internacionales" y crear un mecanismo de protección pasa ambos sectores.

"Pedimos al Presidente de la República, Felipe Calderón, que reconozca públicamente la importancia del trabajo de los defensores de Derechos Humanos y periodistas; reconozca la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos y que cumpla con la creación de un mecanismo de protección", precisa.

Explica que en México "los mecanismos de Estado encargados de proteger y garantizar la seguridad de periodistas, defensoras y defensores amenazados o en situación de riesgo no están siendo efectivos".

Las organizaciones firmantes son la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Además, están la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red Todos los Derechos para Todos y Todas y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Los activistas lamentaron en rueda de prensa que las agresionesde los defensores de Derechos Humanos "sigan en incremento" principalmente, en los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, en tanto que los atentados contra periodistas persisten en estados como Chihuahua, Coahuila y Morelos.

La activista Cristina Hardaga aseguró que "el nivel de vulnerabilidad ha incrementando el riesgo y con ello la censura en los estados de la República".

Para el representante de la CMDPDH, Silvano Cantú, el Gobierno federal debe cumplir con una serie de compromisos acordados en 2010 entre los que destaca "instalar una mesa de trabajo y seguimiento para atender este problema".