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CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 4, 2011.- La ONG Human Rights Watch (HRW) llamó este viernes a las autoridades mexicanas a tratar de frenar los abusos que han cometido soldados, marinos, policías y otros funcionarios en la lucha frente al crimen organizado, para no poner en peligro los esfuerzos contra la delincuencia.
"Creemos que lo mejor que puede hacer la autoridad para que su política de seguridad pública tenga éxito es actuar profesionalmente, de la mano de la Justicia, del derecho, pero no cometer este tipo de hechos atroces porque sí creemos que socavan los esfuerzos por incrementar los niveles de seguridad", explicó el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
El pasado jueves, HRW denunció ocho muertes y más de una decena de desapariciones en el estado de Nuevo León (México) en 2010, en las que, según sus datos, estuvieron involucrados miembros de la Policía, del Ejército y de la Marina.
En un comunicado difundido en Washington la organización asegura haber obtenido evidencias de esos hechos "en el marco de una misión de investigación" en Nuevo León, y urge a los agentes de los Ministerios Públicos federal y estatal a "adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables" por la vía penal.
Este viernes, en declaraciones a la emisora MVS, Vivanco dijo que esos hechos fueron "incidentes distintos, en localidades diferentes y en tiempos distintos" en el norteño estado de Nuevo León.
"Hay alrededor de doce casos que hemos podido comprobar cruzando todo tipo de fuentes, oficiales, no gubernamentales y, digamos, expertos, que certifican que se han cometido desapariciones forzadas en Nuevo León. Estos son hechos gravísimos", señaló.
El activista puntualizó que cualquier abuso de agentes del Estado que queda impune "destruye el concepto de Estado de Derecho y al mismo tiempo genera temor, preocupación, en la población civil".
Si estos hechos suceden, la gente "sabe que, tanto unos como otros (criminales y fuerzas de seguridad) recurren a los abusos y no hay dónde ampararse, no hay a quién recurrir cuando se cometen este tipo de hechos atroces".
"Por eso, creemos que hay que informar lo antes posible para que, ojalá, se puedan hacer los correctivos del caso", apuntó.
La ONG expresó su apoyo a la lucha contra la criminalidad lanzada en México, una de las prioridades políticas del presidente Felipe Calderón, pero insistió en que cualquier acción contra la delincuencia "debe hacerse dentro del marco jurídico" que existe en el país.
"Por eso es que estamos haciendo investigaciones que van a concluir en un informe global" sobre acontecimientos ocurridos en 2010, del que el pasado jueves ofrecieron un avance.
Además de los abusos ocurridos en Nuevo León, que incluyen "desapariciones forzadas" y que fueron avanzados el pasado jueves "por la gravedad de lo que descubrimos", hay en marcha investigaciones "en Baja California, en Chihuahua, en Sinaloa, en Guerrero, en Morelos".
"Hay varios estados clave que queremos revisar, examinar allí la conducta de agentes oficiales, especialmente aquellos que tienen los índices más fuertes de violencia", concluyó Vivanco.
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