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CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 19, 2011.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el retiro inmediato de los espectaculares que el Partido Acción Nacional (PAN) instaló en el Estado de México en los que critica la administración del gobernador Enrique Peña Nieto.
Argumentó que con acciones de ese tipo se confunde a la población y se crea la "falsa apreciación" de que el gobierno estatal instaló los anuncios al incluir en cada uno el lema y el logotipo institucional de la gestión del priísta, pese a que el PAN ordenó su colocación.
En sesión pública los magistrados del TEPJF echaron abajo la decisión de las autoridades electorales locales de dejar que permanezcan los anuncios con la leyenda: "número uno en corrupción, en contaminación y en inseguridad", así como el logo y la frase del gobierno mexiquense.
El magistrado Constancio Carrasco detalló que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) nunca hizo un estudio sobre la presencia del lema y logotipo institucional del gobierno local ni sobre la confusión que esos elementos provocarían en la ciudadanía.
Planteó que incluir el logotipo y el lema de la administración local "genera un impacto visual que puede inducir a la ciudadanía a la falsa apreciación de que la propaganda política proviene del gobierno del Estado de México".
Incluso puede hacer creer a la población que la autoridad estatal reconoce como un resultado de su gestión que ha cumplido con el ser el número uno en corrupción, inseguridad y contaminación.
"No podemos permitir nosotros que un partido político atribuya o ponga en voz del gobierno del estado expresiones, cifras, informes que el gobierno del estado, por supuesto, no está reconociendo o aceptando", dijo.
La denuncia llegó al TEPJF luego de que el partido tricolor impugnó la negativa de las autoridades electorales estatales a retirar los espectaculares que el PAN ordenó instalar y que llevaron a que el PRI presentara una queja contra Acción Nacional.
Al resolver el caso los seis magistrados de la Sala Superior presentes destacaron la demora con la que las autoridades electorales estatales resolvieron si procedían o no las medidas cautelares de retiro, pues tomaron hasta 16 días cuando debe ser una decisión inmediata.
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